Cuando eran altos dirigentes del FMLN pregonaban un discurso anticorrupción y cuestionaban al partido ARENA por esa práctica arraigada en sus 20 años de Gobierno. Catorce años después de haber ganado sus primeras elecciones presidenciales, la Fiscalía General de la República ha judicializado 13 casos de enriquecimiento ilícito por un monto de $5,088,231.97 en contra de políticos y exfuncionarios del partido de izquierda.
Las demandas por enriquecimiento ilícito fueron presentadas en diversas cámaras de lo civil por fiscales de la Unidad Anticorrupción, tras resoluciones que emitió la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
De los 13 juicios civiles por incremento patrimonial no justificado que detectó la Sección de Probidad de la CSJ, en siete ya hubo condenas para que los responsables devuelvan al Estado el dinero obtenido de forma ilícita, pero hasta la fecha ninguno de ellos ha pagado.
La Fiscalía ha presentado escritos en varias cámaras para que los exfuncionarios y exdirigentes del FMLN sean obligados a devolver ese dinero.
Otros seis procesos presentados están pendientes de audiencia probatoria en la que se definirá si son encontrados responsables de enriquecerse de forma ilícita. Algunos de esos expedientes se extenderán por meses y no se ha definido fecha de audiencia, ya que deben juramentarse peritos que llevarán a cabo auditorías financieras contables.
Los condenados por enriquecimiento ilícito son Leonel Flores, exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social entre 2011 y 2014, durante el mandato presidencial de Mauricio Funes.
Miguel Menéndez Avelar, mejor conocido como Mecafé, quien fungió como presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), también en la administración de Funes.
Funes también fue condenado por enriquecerse ilícitamente, así como el expresidente del Instituto Nacional de los Deportes (Indes) Jaime «la Chelona» Rodríguez y el exministro de Justicia y Seguridad y exdiputado Benito Lara.
En la lista de condenados también figuran el exministro de la Defensa Atilio Benítez y el exdirector del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) Eduardo Linares.
Están pendientes de audiencia preparatoria y probatoria los procesos civiles promovidos por el ministerio público en contra de los exdiputados Jorge Schafik Hándal Vega, Medardo González, Lorena Peña, Eugenio Chicas, Othón Sigfrido Reyes Morales y el exministro de Justicia y Seguridad David Munguía Payés.
La primera condena en contra de un exfuncionario de los gobiernos del FMLN fue la emitida en enero de 2016, cuando la Cámara Segunda de lo Civil de Salvador confirmó que Leonel Flores se enriqueció ilícitamente con $812,740.62, pero luego la Sala de lo Civil redujo el monto a $608,737.28. Ese juicio fue ordenado por la CSJ en noviembre de 2015.
La más reciente condena fue impuesta el jueves 27 de julio de 2023 al exdirector del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) Eduardo Linares y su hijo Douglas Eduardo, por enriquecimiento ilícito de $270,609.47.
En el caso de los condenados, los magistrados de las diversas cámaras de lo civil basaron sus resoluciones en la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, vigente desde 1959.
Estos tribunales superiores en materia civil aplicaron el régimen sancionatorio de multa para que los exfuncionarios restituyan al Estado el dinero con el cual se enriquecieron ilícitamente, como lo señala el artículo 20 de la normativa.
«Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio lo que le hubieren adquirido indebidamente», establece el apartado.
Asimismo, resolvieron conforme al artículo 21 de la ley, en el que se dice que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por 10 años.