La presidenta de la comisión financiera de la Asamblea Legislativa, Dania González, anunció ayer que ya están vigentes las reformas a la ley del historial crediticio de las personas, aprobadas en agosto del año pasado, que frenan los abusos cometidos por burós de créditos en contra de clientes y consumidores.
«Este 9 de marzo marca un antes y un después en los actos de justicia financiera que hemos hecho en la Asamblea Legislativa, donde hicimos una consulta amplia», ponderó González, diputada por Nuevas Ideas, durante la entrevista matinal de Canal 10.
La legisladora de la bancada cian reveló que los miembros de la comisión que preside realizarán hoy visitas a los burós crediticios que operan en el país para constatar «in situ» el cumplimiento de las reformas a la normativa.
González aseguró que se harán acompañar de funcionarios del Banco Central de Reserva (BCR), de la Defensoría del Consumidor (DC) y de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
«Vamos a verificar el cumplimiento de la ley. Las multas son bastante fuertes. Queremos que se respete la ley», dijo, y agregó que también visitarán el interior del país para verificar que los burós crediticios tengan oficinas para atender a los clientes en cada departamento.
Las reformas a la normativa permiten una actualización en menor tiempo de la data del historial crediticio, establecen requisitos mínimos para el historial crediticio, y notificaciones al usuario cada vez que un agente económico consulte su récord.
Las reformas acaban con los abusos que históricamente han cometido Equifax Centroamérica, S. A. de
C. V., Transunión El Salvador, S. A. de C. V., e Información de Referencias Crediticias en Red, S. A. de C. V. (Infored).
Además, la SSF, el BCR y la DC han sido dotadas de mayores herramientas jurídicas para que fiscalicen las actuaciones de los burós de crédito y aplicarles la sanción por incumplir la normativa.
Los incumplimientos graves cometidos por estos agentes económicos los llevarán a pagar multas desde los 100 hasta los 400 salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicio. Pero si la afectación es a intereses colectivos o difusos, será hasta 600 salarios mínimos.
En tanto, las infracciones muy graves serán sancionadas desde los 120 hasta los 600 salarios en el sector comercio y servicio, pero hasta 800 salarios si la afectación es a intereses colectivos o difusos. Las enmiendas fueron impulsadas por la bancada de Nuevas Ideas.