Un total de 282 mujeres fueron víctimas de difusión de pornografía de enero de 2019 al 15 de julio de 2021 y entre los principales victimarios están sus o exparejas, novios y pretendientes, según lo revelan los datos de la Dirección de Análisis, Técnicas de Investigación e Información (DATI), de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las estadísticas dan cuenta que San Salvador registró 59 denuncias en ese periodo, le sigue La Libertad con 37 casos, Sonsonate 29, San Vicente 18 y San Miguel 14.
Desde mayo de 2019, con reformas a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), en El Salvador ese ilícito es castigado con penas de entre cuatro a ocho años de cárcel. El artículo 51 hace referencia al difusor de pornografía a, «Quien publicare, compartiere, enviare o distribuyere material pornográfico por cualquier medio informático o electrónico en el que se utilice la imagen o identidad de la mujer sin su consentimiento». La sentencia se incrementa hasta ocho años de prisión cuando las víctimas son niñas, niños y adolescentes o personas con discapacidad, según el artículo 28 de la Ley Especial conta los Delitos Informáticos y conexos.
Para la coordinadora de Niñez y la Adolescencia de la Dirección Nacional de la Mujer, LGTBI y otras poblaciones en condición de vulnerabilidad de la FGR, Madeline Ayala, la LEIV trajo garantías procesales a todas las mujeres víctimas de ilícitos que no eran comprendidos por las diferentes leyes. Y el viernes anterior, las diputadas de la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa avalaron incrementar hasta 10 años la pena máxima, de este delito, según la reforma planteada al Art. 51 de la LEIV.
Según Ayala en la comisión de este delito las principales afectadas son féminas mayores de 18 años y que tienen como principales difusores de contenido íntimos a hombres en círculos cercanos, como pretendientes, novios, o parejas que cuando las víctimas no acceden a pretensiones las chantajean con publicar los videos o imágenes íntimas. «Cuando una mujer manda una fotografía íntima a la persona con la que tienen una relación marital o de pareja o relación de confianza, y este la difunde sin autorización se puede incurrir en el delito», indica la fiscal.
Entre las victimas está Luisa Portillo (nombre ficticio), quien el 17 de marzo de 2019 luego de amenazas a muerte y agresiones físicas de parte de Marco Antonio Flores, de 23 años, fue obligada tener relaciones sexuales con él, caso contrario, la amenazó con subir a las redes sociales videos y fotografías intimas de ella.
El reporte de la Fiscalía detalla el 20 de marzo del mismo año, Portillo interpuso la denuncia en una sede fiscal para iniciar la investigación que, con la dirección funcional de la Unidad de Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y la Mujer la Policía procedió al allanamiento con orden judicial en la vivienda del imputado, donde se incautó una laptop, teléfonos celulares, entre otros aparatos.
En la audiencia inicial el Fiscal del caso dejó establecida la existencia del delito de violación y difusión de pornografía, a través del testimonio de Luisa, el vaciado de videos de los celulares, textos de mensajes en Facebook y WhatsApp, donde amenazaba a la víctima.
Al finalizar la diligencia el juez decretó instrucción formal con detención provisional para Flores, quien está recluido en el Centro Penal La Esperanza o Mariona.
La fiscal Ayala invita a todas las mujeres víctimas de este delito a que denuncien, tal cual lo hizo Luisa, ya sea en la PNC, una sede fiscal o cualquier juzgado especializado, el llamado también lo extiende a todas aquellas personas que tengan conocimiento de un caso similar para que interpongan el aviso ante el ministerio público y afirma que ellos [FGR] de manera oficiosa investigarán el hecho.
«El llamado a las mujeres es que se presenten a denunciar y que nosotros contamos con las herramientas, instrumentos legales, personal especializado para poder abordar el tema, no tengan temor de denunciar o dar un aviso y nosotros le garantizamos el respeto de todos sus derechos que la ley le da de acuerdo con estándares internacionales», indica.
Las estadísticas de la DATI registran seis imputados detenidos en flagrancia en ese periodo y siete fueron arrestados luego de órdenes de capturas giradas por la Fiscalía a escala nacional.
ABORDAJE ESPECIALIZADO PARA LAS VÍCTIMAS
Ayala expresa que el ministerio público da un abordaje especializado a las víctimas, a través de contenciones emocionales y psicológicas, debido a que la difusión de pornografía menoscaba la moral de quien la sufre, además de generar un impacto psicológico que irrumpe el proyecto de vida de una persona. «Se les da apoyo psicológico aparejado con el proceso de investigación, cuando la víctima ya está lista para declarar, nosotros la tomamos y hacemos todo el procedimiento investigativo de acuerdo a nuestras leyes».
«Se trabaja con un protocolo psicosocial para personas que enfrentan algún tipo de violencia eso es con énfasis en niñez, adolescencia, mujeres y otras poblaciones en condición de vulnerabilidad. En el caso de las mujeres, ese protocolo nos da las rutas o marcos de actuación para el abordaje especializado para evitar la revictimización al momento de la primera entrevista o atención inicial», agrega Ayala.
HOMBRE VENDÍA FOTOS INTIMAS DE SU EXPAREJA POR $10 EN SONSONATE
En mayo de 2019, Samuel Edgardo Escuintla Ardón, de 22 años, fue detenido por la Policía luego de tomar fotos íntimas con su celular a su pareja, las cuales publicaba en redes sociales con el afán de venderlas.
Según investigación fiscal, Escuintla Ardón vendía las fotografías por WhatsApp por un valor de $10.00. De acuerdo con las pesquisas, el imputado se aprovechó de la víctima cuando sostenía una relación con ella. En el procedimiento se incautaron dispositivos de almacenamiento USB y SD, teléfonos celulares, entre otros, informaron autoridades policiales.
Escuintla Ardón fue procesado por delitos de difusión de pornografía y revelación indebida de datos o información de carácter personal.
En 2019 y 2020, la Fiscalía logró que diferentes Juzgados Especializados de Instrucción para una Vida Libre de Violencia condenaran a cuatro implicados en este delito.
