El grupo parlamentario del FMLN bloqueó en la legislatura anterior la aprobación de la ley para combatir el lavado de dinero y activos, que tenía como finalidad robustecer las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) contra los funcionarios y exfuncionarios involucrados en este tipo de actividades ilícitas.
Dicho bloqueo se rompió cuando Nuevas Ideas se convirtió en la primera fuerza política tras las elecciones de 2021, pudiendo impulsar por iniciativa del Ejecutivo un nuevo proyecto de Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
La nueva normativa fue acuerpada por el fiscal general, Rodolfo Delgado, y el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, quienes llegaron el jueves anterior a la comisión de seguridad y combate a la narcoactividad a brindar sus aportes.
«Este es un tema país que bajo el lineamiento del presidente Nayib Bukele hemos venido trabajando de la mano con la Fiscalía, para poder prepararnos y dejar al país en estándares internacionales», expresó Villatoro.
De acuerdo al ministro de Justicia y Seguridad, las reformas planteadas en la nueva ley «refleja parte del compromiso que tenemos como país para combatir el lavado de dinero, independientemente si es de fondos de terroristas o de corrupción».
Según el fiscal Delgado, en la nueva normativa «se están ampliando los delitos determinantes de lavado de activos, de forma que cualquier actividad criminal que genere beneficios económicos a los delincuentes» puede ser perseguida bajo el nuevo marco legal, que sería aprobado el próximo miércoles.
La iniciativa de ley que fue bloqueada por el FMLN en la legislatura pasada la presentó ante la Asamblea Legislativa el entonces fiscal general Raúl Melara (exasesor de ARENA electo en el cargo por acuerdo de las bancadas efemelenista y arenera). Era presidente del órgano legislativo el pecenista Mario Ponce.
Dicho proyecto de ley pasó a estudio de la comisión de seguridad pública, presidida por el también pecenista Antonio Almendáriz, quien convocó a los representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en El Salvador para que brindaran sus valoraciones.
Después de haber realizado las consultas técnicas, la comisión inició el estudio del proyecto de ley, iniciándose el bloqueo a la novedosa normativa, que proponía la transformación de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) a Unidad de Análisis Financiero (UAF), adscrita siempre a la Fiscalía.
Los diputados del FMLN que integraban la comisión de seguridad, como Javier Valdez, objetaron u observaron cada artículo del proyecto de ley, siguiendo las indicaciones del asesor efemelenista Misael Mejía, quien se quedó a trabajar en ese puesto después de no ser reelegido como diputado para el periodo 2015-2018.
A esta táctica dilatoria para frenar el estudio del proyecto de ley se sumó el hecho de que los diputados del FMLN no asistían a las reuniones extraordinarias que el presidente de la comisión convocaba las mañanas de los viernes con la finalidad de acelerar el estudio del proyecto de ley.
Así transcurrieron los días y la legislatura 2018-2021 concluyó funciones el 30 de abril sin aprobarse la nueva normativa que fortalecía los controles para el combate del lavado de dinero y activos.