El Salvador está a cuatro meses de poner en marcha la reorganización territorial a escala municipal, que fue impulsada por el Ejecutivo a través de la Ley Especial para la Reestructuración Municipal para poner fin a la corrupción histórica de los partidos tradicionales dejando el esquema de 262 municipios, que se convierten en distritos, para pasar a una estructura de 44.
Dicho proceso iniciará en las urnas el 3 de marzo de 2024, fecha dispuesta en el calendario del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la realización de las elecciones municipales, cuando los ciudadanos que residen en El Salvador y en el exterior elegirán a los 44 alcaldes. En los próximos días los partidos políticos inscribirán a sus candidatos para los concejos, incluyendo a jefes municipales.
El proceso se consolidará el 1.° de mayo próximo, cuando los alcaldes electos tomarán posesión de sus cargos para el período 2024-2027, acto que supondrá —según diversos analistas— un antes y un después en la transformación del trabajo administrativo, la eliminación de la burocracia y partidocracia en las municipalidades salvadoreñas.
Para el analista Mauricio Rodríguez, esta reorganización será un hito en la historia contemporánea del país y en la modernización de todo el aparato municipal. «La reorganización tiene a su base la modernización del Estado, que desde hace ratos era una necesidad. Eso va a impactar directamente en lo que tanto se ha hablado, que es el tema de transparencia y la rendición de cuentas», indicó Rodríguez.
En el aspecto de la transparencia destacó que las municipalidades ya no serán un espacio controlado por los partidos políticos tradicionales para contratar a sus activistas y pagar favores políticos con recursos públicos.
Investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) han señalado y procesado a exjefes municipales que en el pasado hicieron mal uso del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (Fodes) utilizándolo para proselitismo.
«La oposición política se acostumbró a mantener en las alcaldías grandes cantidades de empleados afines. Con la reorganización municipal se está anulando el clientelismo político y se evitará la dispersión del dinero. También los procedimientos administrativos ahora serán más ágiles, porque se eliminará tanta burocracia que tanto daño les ha hecho a los municipios», añadió.
El sociólogo Óscar Peñate visualizó que la reestructuración municipal abrirá las puertas al ordenamiento territorial planificado y ya no atomizado como ocurrió con el esquema de las 262 localidades, que cambió a 44 con la ley que aprobó la Asamblea Legislativa —con votación mayoritaria de Nuevas Ideas— en junio pasado, a propuesta del Ejecutivo.
«La reorganización va a permitir y garantizar un crecimiento económico porque por medio del dinamismo del turismo habrá mayor producción de bienes y servicios en las diferentes municipalidades, lo que va a provocar un crecimiento económico que va a favorecer a las poblaciones de estos municipios», planteó el sociólogo. Asimismo, explicó que los 262 distritos —concebidos anteriormente como municipios— mantendrán su identidad cultural.
Con este planteamiento, Peñate refutó la postura de los partidos de oposición (ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo) que han sostenido que con la reorganización se perderán las costumbres y tradiciones de los territorios.
«Con la reorganización municipal se mantendrá y fortalecerá todo lo que constituye esa idiosincrasia de las poblaciones de estos lugares geográficos, por medio de las leyes, los mitos, las costumbres, las tradiciones. Se atraerá al turismo nacional e internacional», valoró el sociólogo.
El analista Ricardo Sosa recordó, por su parte, que la restructuración del territorio que está próxima a ejecutarse siempre se mantuvo como un tema de debate; sin embargo, por intereses políticos no fue considerada por la anterior clase política del país, dominada 30 años por ARENA y el FMLN.
«Las elecciones del 3 de marzo marcarán la reorganización del territorio con la figura de los distritos y la reducción de los municipios. Estos cambios afectarán en sentido positivo, disminuyendo y combatiendo la burocracia y el «tortuguismo» en el trabajo en los municipios. Generará ahorros considerables para el Estado y mejorará la eficiencia y eficacia en recolección de basura, limpieza, iluminación pública y servicios a escala comunitario», consideró Sosa.