El Salvador es, en la actualidad, la nación centroamericana con los precios más bajos en los combustibles, ya que mientras la gasolina súper se comercializa en el país a $4.31, la regular a $4.15 y el diésel a $4.14, en el resto de la región los precios se ubican en alrededor de los $5.
Este beneficio para los salvadoreños deviene de la anticipada acción del presidente Nayib Bukele, quien el 10 de marzo pasado anunció 11 medidas económicas encaminadas a proteger el bolsillo de las familias ante la situación de inflación internacional.
Esta estrategia, que ya cumplió dos meses de vigencia, lideró la respuesta internacional ante el encarecimiento de precios, concentraba acciones como la eliminación temporal de impuestos aplicados a los combustibles como la Contribución del Transporte (Cotrans) y al Fondo de Estabilización para el Fomento Económico (Fefe).
Las medidas incluyen la estabilización del costo del gas licuado de petróleo (GLP) y la eliminación de aranceles para un listado de 20 productos, entre alimentos e insumos agrícolas, entre otras.
Para complementar las acciones y garantizar que su impacto llegue hasta la población, el presidente Bukele instruyó a las instituciones públicas a verificar que los importadores, comercializadores, proveedores y demás intermediarios reflejen el beneficio en los precios al consumidor final.
Posteriormente, el Gobierno, con el apoyo de la Asamblea Legislativa, complementaron estas medidas decretando la fijación temporal en el costo de comercialización de los combustibles a partir del 5 de abril, y la congelación en el precio de la energía eléctrica que entró en vigencia el 15 de abril.
Todo lo anterior, ha permitido que el índice de estabilización de precios se mantenga en el país entre el 55 % y 60 %, según datos de la Defensoría del Consumidor (DC), lo que significa que los principales productos de la canasta básica y otros servicios esenciales no reporten, salvo en algunos casos, alzas significativas.
Además, con datos hasta el 5 de mayo, las inspecciones realizadas en el sector de hidrocarburos y GLP, que realiza la DC junto al Ministerio Hacienda y la Dirección General de Hidrocarburos y Minas, se han llevado a cabo más de 19,000 inspecciones en todo el territorio nacional.
Mientras, las verificaciones en alimentos llevadas a cabo por DC y el Ministerio de Agricultura se contabilizan en 7,900.
Las 11 medidas, fueron anunciadas tras el recrudecimiento del conflicto ruso-ucraniano, iniciado en febrero de este año, que se convirtió en el elemento final de una ya complicada situación internacional que venía experimentando encarecimiento de los bienes y servicios, debito al caldo de cultivo generado por la crisis logística y las implicaciones remanentes de la pandemia COVID-19.