El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador, resolvió que cuatro vinculados al desvío de $183,860,715.02 en el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, sigan en detención mientras dure el proceso penal y los tres exempleados de Casa Presidencial que estaban en arresto domiciliar seguirán con esa medida.
En la audiencia inicial solo se conoció el caso de cuatro personas que fueron detenidas el pasado 18 de agosto y tres los exempleados de la Presidencia de la República que estaban con arresto domiciliar.
Entre los procesados está, Manuel Arturo Ayala Orellana, acusado de peculado y lavado de dinero, en los períodos 2009-2014 y 2014-2019, fungió como director ejecutivo de la Presidencia en los gobiernos de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, también es proceso en el caso «Saqueo Público».
Otro de los exfuncionarios es Jorge Antonio Revelo Vega, exjefe del Estado Mayor Presidencial, supuestamente tramitó pagos salariales complementarios para el Estado Mayor sin cumplir los requisitos de ley, también le atribuyen, peculado y lavado de dinero.
En el caso de la tesorera institucional de la Presidencia, Daysi Armida Díaz, quien fungió en ese cargo entre noviembre de 2016 a mayo de 2019, es acusada de haber firmado 193 cheques provenientes de Casa Presidencial que después fueron depositados en seis cuentas bancarias abiertas a nombre de particulares.
En la causa penal está el empresario Alexander Benítez Peña, propietario de Box Car y Taller Frenos y Más, por haber recibido supuestamente fondos en concepto de proveedor de servicios de la Presidencia, es acusado de lavar dinero, ya que no aparece inscrito en los registros como un proveedor.
Los otros tres que enfrentaron la audiencia son: Francisco Rodríguez Arteaga, exgerente financiero de la Presidencia; Pablo Gómez, exasistente financiero y Jorge Alberto Herrera Castellanos, extesorero institucional de la Presidencia, en los casos penales conocidos como «Destape a la Corrupción» y «Saqueo Público», fueron procesados.
Al momento de judicializar los hechos, fiscales del Grupo Contra la Impunidad de la Fiscalía General de la República, han detallado que se está frente a una compleja red creada en el interior de Casa Presidencial (CAPRES), para apropiarse de dinero que el Ministerio de Hacienda transfirió para la partida de Fondos Reservados de la Presidencia y que fueron desviados hacia particulares y empresas que no tenían ningún vínculo comercial con el Estado.
Pendientes de resolución
El principal acusado es el expresidente Salvador Sánchez Cerén, pero el juzgado ha decidido que su situación jurídica y de otros 10 acusados se resolverá mediante vista del requerimiento (revisando el expediente).
Los demás procesados que tiene la calidad de prófugos son: el exsecretario privado de la Presidencia, José Manuel Melgar Henríquez, José Armando Escobar Barillas, exjefe de presupuesto; Carlos Ernesto Guerrero Ventura, exgerente financiero; Edgar Lizama, exdirector del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), Gregorio Abarca Palacios, exasistente técnico; Carlos Armando Miranda Díaz, expagador auxiliar de la Comandancia General de la Fuerza Armada; Arturo Gilberto Alvarado, exjefe del Estado Mayor Presidencial del Ministerio de Defensa; William Oswaldo Vaquero León, exasistente personal de Sánchez Cerén, a este capitán del ejército el gobierno de Daniel Ortega le otorgó asilo político.
También está, Carlos Guardado y el teniente coronel José Saúl Osorio Rodríguez quien era oficial de enlace entre la Fuerza Armada y la Presidencia.