El proceso penal por lavado de dinero, peculado (apropiarse de fondos del Estado) y estafa que la Fiscalía General de la República le sigue al expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes podría ser anulado, ya que la prueba presentada en esa causa penal tiene como base el informe de la Sección de Probidad que sirvió para que se iniciara el juicio civil por supuesto enriquecimiento ilícito, caso que por orden de la Sala de lo Constitucional se ha suspendido por violaciones a derechos constitucionales.
Tras la resolución de cuatro magistrados suplentes de la Sala, la Cámara ya no podrá realizar la audiencia probatoria que es la última del juicio civil y que estaba programada para el próximo 3 de febrero, tampoco se deberá continuar con el peritaje que determinaría el monto exacto del supuesto enriquecimiento ilícito.
El abogado Pedro Cruz, representante legal de Reyes, ha confirmado que la resolución de la Sala de lo Constitucional podría también, tener alcance en el proceso de extinción de dominio ya que el Ministerio Público armó ese expediente con información de Probidad. A Reyes le ha decomisado propiedades y congelado productos financieros valuados en 1.4 millones de dólares.
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Cruz, ha anunciado que en los próximos días impulsará nuevas acciones legales, aunque no detalló que tipo de medidas, no descartó que podrían ser recursos de nulidad a los dos expedientes.
«Estamos analizando las repercusiones que esto va tener para este caso, pero no quisiera yo adelantarme a mi contraparte (Fiscalía) las acciones legales que vamos a tomar en concreto, estamos analizando las posibilidades de lo que implica eso (nulidad) es una posibilidad, ahorita se ha abierto un camino, esta es una batalla bastante larga», manifestó el abogado.
Los representantes legales del prófugo Reyes, comparecieron a la Cámara Segunda de lo Civil a presentar un escrito solicitando que se dejen si efecto todas las diligencias como lo ordenó la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el pasado jueves. Ese fallo de la Sala fue firmado por cuatro magistrados suplentes.