A pesar de crear una comisión especial de antejuicio, cuatro reuniones para discusión del caso, un dictamen favorable y una sesión plenaria extraordinaria, los diputados de la Asamblea Legislativa no lograron desaforar al comisionado, Mauricio Arriaza Chicas.
El secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, expresó hoy que legalmente no existía cometimiento de delito por parte del comisionado, ya que la acción por la que fue acusado no cumplía con los requisitos establecidos para procesarlo penalmente.
Castro, explicó que la falta atribuida a Arriaza Chicas por incumplimiento de deberes, (al no llevar por apremio al ministro de Hacienda), no cumplía requisitos de cometimiento de delito de acuerdo a lo establecido en el Código Procesal Penal que manda el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL).
Según el secretario jurídico, el Código Procesal Penal, establece que cuando el Órgano Legislativo, cita a alguien hasta tres veces, y este no llega, debe informársele que la consecuencia ante su falta, es ser traído por apremio, pero en este caso la notificación formal no se realizó.
«Esto no se dio… el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, no tenía conocimiento, no había quedado plasmado tal como lo requiere el formalismo del Código Procesal Penal», expresó, Castro, aclarando que por esa razón no existía delito alguno ante esa acusación, dijo durante una entrevista en radio 102 nueve.
Conan Castro, también aseguró que se siguieron todos los procesos que determina la ley, en el Art.141 del (RIAL), para dar terminación al proceso de desafuero, al presentar la renuncia de parte del funcionario, el pasado lunes 7 de diciembre.
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«Se quería dejar claro y plasmado frente a la población que esto no era así, por supuesto estamos dentro de un proceso de desafuero y era necesario que tenga conocimiento la Asamblea Legislativa, que el comisionado ya había renunciado».
Carolina Recinos, comisionada presidencial para operaciones y Gabinete de Gobierno, respaldó que la renuncia de Arriaza Chicas está amparada en el RIAL, y que «por lo tanto el antejuicio ya no tiene razón de ser y se interrumpe», dijo durante una entrevista en canal 12.
IRREGULARIDADES
El asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, aseguró que el proceso de antejuicio para el comisionado, Arriaza Chicas, estaba lleno de irregularidades por parte de los diputados que conforman la comisión especial de antejuicio.
Entre las irregularidades, que señala el asesor jurídico de la presidencia, se encuentra el hecho de que no se apartara de la comisión correspondiente a los diputados Rodolfo Parker del PDC y Yanci Urbina del FMLN, al mantener criterio anticipado sobre el desafuero.
«Los diputados intentan buscar errores legales en el Ejecutivo, pero desde una percepción electoral. Toda la estrategia de instrumentalización de las comisiones se les ha caído», expresó Argueta durante una entrevista en TVO, ante la falta de argumentos de los diputados para desaforar al comisionado.
Hoy por la mañana el alcalde de Soyapango, Juan Pablo Álvarez, solicitó una reunión con el Fiscal General de la República, Raúl Melara, para que solicite a la Asamblea Legislativa un antejuicio en contra del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, por falta de pago del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los municipios (FODES).
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Posterior al anuncio el presidente de la República, Nayib Bukele, publicó en su cuenta oficial de Twitter, «¿Esto es en serio? ¿Quieren otro antejuicio?, esta gente no aprende NADA… Cuando pensamos que han tocado fondo, nos sorprenden a todos demostrando que aún pueden bajar más».
A pesar de que el presidente es el único que puede remover o elegir a los funcionarios de gobierno, los diputados de la Asamblea Legislativa, siguen creando citatorios, antejuicios o interpelaciones, que según el mandatario están siendo utilizadas con objetivo político.
En febrero de este año se dio un ejemplo de presión por parte de los parlamentarios con la interpelación a la exministra de Salud, Ana Orellana Bendek, y al expresidente de ANDA, Frederick Benítez, cuando los diputados se articularon contra los funcionarios.
En agosto del año pasado se dio otro caso similar cuando dentro de la Asamblea Legislativa, se promovió un proceso de interpelación contra el ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, mientras el funcionario se encargaba de tareas de apoyo a la ciudadanía.
