El Juzgado Octavo de Paz de San salvador ordenó que las tres personas acusadas por la Fiscalía de organizar caravanas de migrantes salvadoreños a Estados Unidos sigan presas mientras son procesadas -instrucción formal con detención provisional- por los siguientes seis meses hasta que se llegue a la etapa de instrucción.
La Fiscalía está acusando de tráfico ilegal de personas en la modalidad de actos de promoción a Juan Rufino Ramírez Villalobos, Fátima del Rosario Pérez Tesorero y José Eusebio Asegurado Ayala.
Según las investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), los señalados contactaban a las víctimas a través de las redes sociales donde acordaban puntos de reunión y fechas de salida para viajar a Estados Unidos y de esa manera, incluso, evitarse presentar la prueba negativa de COVID-19 a las autoridades guatemaltecas.
«El señor juez consideró que todos los elementos iniciales que corren agregados a este momento son suficientes para tener establecida la existencia del delito y la participación de los tres procesados», comentó uno de los fiscales del caso al concluir la audiencia.
La misma fuente expresó que «en términos generales van a estar detenidos, la ley franquea recursos para las partes en el caso que así lo consideren, pero en el momento pasan a la siguiente etapa con la medida cautelar de la detención provisional ».
El plazo solicitado por el Ministerio Público para ampliar la investigación y sustentar las acusaciones es de seis meses. La Fiscalía no brindó detalles si los sospechosos están vinculados en otras caravanas y si entre las víctimas hay menores de edad.
«En este momento no lo podemos decir porque la investigación inicia y no podríamos dar ese tipo de información en este momento», dijo uno de los fiscales.
Defensa dice que acusaciones no tienen futuro judicial
A los señalamientos hechos por la Fiscalía la defensa aseguró que estos argumentos no tienen futuro judicial, al tiempo que lamentó la decisión de que sigan bajo arresto.
«Lastimosamente estamos en un proceso en el que las audiencias iniciales en casos que son considerados por la ley como difíciles no se le van a dar una medida diferente a la detención provisional», comentó el abogado defensor.
Sobre las acusaciones de la Fiscalía dijo que «únicamente hay una vinculación que es bastante escueta, considero que este caso tiene un 90% de probabilidades que no tiene futuro judicial para los fines del Ministerio Público, únicamente hay una vinculación por medio de redes sociales».
Cuestionó que acusaciones hayan surgido a partir del rastreo en redes sociales, específicamente en un grupo de WhatsApp donde hay cinco mil personas en el que solo han logrado individualizar tres, y por consiguiente los hayan rastreado hasta sus casas.
«Es exagerado; lamentablemente en esta audiencia no se logró el fin (que fueran procesados en libertad) pero la ley franquea otras probabilidades como una audiencia especial de revisión de medidas la cual en la instrucción se va a poder tener la libertad, en todo caso, el fin primordial es la inocencia que no va a poder ser desvirtuada por el Ministerio Público», dijo el defensor.
Agrego que no existe evidencia documental que una de sus clientes haya organizado o promovido viajes sin pasar los controles migratorios.
«La acusan de promover y viajar de manera ilegal, lo peor es que no existe ningún documento que establezca que el fin era de evadir controles migratorios y eso es lo que la ley castiga para el tráficos de personas que un salvadoreño guíe, albergue o promueva evadir controles migratorios», dijo.
Expresó que los señalamientos surgieron a partir de la información que un policía infiltrado en estos grupos brindó a la Fiscalía, no obstante, el informante solo individualizó a tres de cientos de personas que aparecían en dicho grupo.