En el año 2018, una operación encubierta de dos policías de la División Antinarcóticos permitió desarticular una estructura de siete presuntos traficantes de cocaína y marihuana enjuiciados en el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador.
El caso comenzó a ser investigado luego que un informante alertara que en la zona conocida como La Super Manzana, de la colonia Zacamil, Mejicanos, un grupo de personas se estaban dedicando a la venta de estupefacientes.
Fiscales de la Unidad Especializada de Delitos de Narcotráfico al conocer el informe pidieron que se hicieran pesquisas y agentes policiales realizaron varias diligencias que se plasmaron en actas donde se ubica y señala a siete personas como parte de la red que movía estupefacientes en la zona.
Para garantizar un caso sólido la División Antinarcóticos propuso a los fiscales implementan la herramienta del agente encubierto y en una resolución se documentó autorizar a tres agentes encubiertos, pero solo dos de ellos se infiltraron para documentar seis compras controladas de droga.
En cada una de las diligencias fueron identificados Juan José Medrano Salgado, Yolanda Deysi González Rodríguez, Roxana Patricia Zaldívar Mejía, Santiago Cornejo García, William Eduardo Gutiérrez Torres, Ricardo José Hernández y Ricardo Márquez Gámez, acusados de tráfico ilícito.
«Los agentes encubiertos han declarado y han dicho básicamente condiciones del lugar, modo y tiempo que se llevaron a cabo las diferentes compras controladas, se ha tratado de cubrir todos los aspectos de cada una de las compras controladas y los señalamientos de cada una de las personas», manifestó uno de los fiscales que tiene a cargo la acusación.
La investigación se extendió durante un año ya que se necesitó de tiempo para documentar las diversas actividades que la estructura estaba realizando en La Súper Manzana y armar el expediente que se iba a judicializar en un juzgado de paz de Mejicanos.
Si bien la red fue indagada por la venta de droga que hizo durante un año, fiscales y policías infieren que anteriormente ya estaban controlando el negocio de la droga en el sector. En los alegatos finales el ministerio público solicitó al tribunal que los condene y que les imponga la pena máxima 20 años por el delito de tráfico ilícito como lo señala la Ley Relativa a las Drogas, ya que las pruebas presentadas en la vista pública los incrimina de forma directa en los hechos acusados.