Además de enfrentar un proceso judicial por daños medioambientales, Manuel Antonio Vásquez Blanco, alcalde del FMLN en el municipio de Chirilagua, departamento de San Miguel, y su concejo municipal enfrentan cuatro auditorías que señalan mal uso de los fondos públicos de la comuna.
Vásquez Blanco gobierna el municipio con la bandera roja desde el 1.° de mayo de 2015 hasta la fecha, después de derrotar ese año en las urnas al partido ARENA.
Los cuestionamientos recientes en contra del jefe municipal y su concejo están contenidos en el examen especial que la Corte de Cuentas de la República (CCR) practicó a los ingresos de la municipalidad en el período 1.º de enero de 2019 al 30 de junio de 2020.
Con ese examen se determinó que la comuna utilizó $121,407.73 del 75 % del anterior Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (Fodes) para atender la pandemia de la COVID-19 y entregar víveres a las familias afectadas; sin embargo, hay inconsistencias con el control y el manejo de esos fondos públicos.
«En algunos listados no hay referencia de la comunidad y del cantón en el que fueron entregados los víveres. Además, los listados no contienen dirección, teléfono de los beneficiarios y tampoco corresponden a controles de todos los bienes adquiridos y entregados a los beneficiarios», señala el examen de auditoría en su página 62.
En el documento también se plasma que el plan de actividades que la comuna utilizó para atender la emergencia por la pandemia carece del acuerdo municipal que lo respalde legalmente. Tampoco hay registros contables de los gastos efectuados.
«Los registros contables de la municipalidad se encuentran atrasados y no generaron reportes que permitan dar seguimiento a los recursos asignados del Fodes [del] 75 % y utilizados para atender la pandemia por [la] COVID-19 y tampoco elaboraron reportes semanales y mensuales de los recursos utilizados, por lo que el expediente no contiene información presupuestaria ni contable», indica el examen especial en la página 57.
Asimismo, sin tener un acuerdo municipal —y en ese mismo que fue período auditado—, el concejo erogó $59,264.33 del 75 % del anterior Fodes en reparación y mantenimiento de vehículos, compra de llantas, repuestos y lubricantes para automotores de la alcaldía, pero se desconoce el paradero de esos productos y servicios que se compraron con fondos públicos.
«Se adquirió un lote de 15 llantas que no establece en qué vehículos se instalaron o que si efectivamente fueron colocadas en los vehículos de propiedad municipal y sin existir el acuerdo del concejo municipal para la aprobación de la compra. No existe un diagnóstico de los vehículos municipales que justifique o demuestre la necesidad de la reparación de estos y de ello el pago de mano de obra y [la] compra de repuestos. No cuentan con los controles mínimos que justifiquen la adquisición de los bienes y/o que hayan sido recepcionados en la municipalidad o que exista un personal responsable de su recepción», resume el examen especial en su página 38.
Además de esas irregularidades, la municipalidad fragmentó seis proyectos para construir y mejorar las calles, esto por un monto total de $145,950.32 con el propósito de evadir los controles de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap) para adquirirlos por libre gestión.
En la segunda auditoría, la municipalidad es cuestionada porque entre el 1.º de mayo y el 31 de diciembre de 2018 gastó $44,513.94 en la construcción de una cancha de fútbol, $27,754.51 en la perforación de un pozo de agua potable y $46,654.57 en la compra e instalación de una bomba solar para extraer agua potable.
En total erogó $118,923.02. No obstante, los auditores de la CCR dijeron: «Comprobamos que se ejecutaron [esos] proyectos en inmuebles de los cuales la municipalidad de Chirilagua no tiene la legal tenencia o no son de su propiedad».
Esto significa que las obras financiadas con fondos públicos se construyeron en inmuebles privados de los que la comuna no tiene escritura.
En la tercera auditoría practicada a los fondos públicos del 1.º de enero al 31 de diciembre de 2016 se evidencia que el concejo municipal adquirió y autorizó el pago de balastro y «horas máquina trabajadas» para reparar y mantener las calles de esa jurisdicción por $53,568.20.
Sin embargo, «no existen controles adecuados que demuestren que la municipalidad recibió los materiales y los servicios contratados».
La administración municipal presentó documentación para desvanecer este reparo, pero a criterio de los auditores no fue suficiente para corroborar el uso y destino final de los bienes y servicios adquiridos. «Los controles presentados no especifican los lugares donde fue utilizado el material, fecha de recepción ni firma de quien entrega la cantidad de los materiales, ni chequeo de las horas y días de trabajo de las máquinas utilizadas», se establece en la página seis de la auditoría.
En ese mismo documento se determina que el concejo municipal también adquirió combustible por $45,251.03 para los vehículos municipales, que se utilizó a pesar de que ni siquiera hubo misiones oficiales.
«Los controles para el uso de combustible no cuentan con el kilometraje ni los números de vales y galones; además, las facturas de consumidor final emitidas por el combustible no cuentan con números de vales y número de placas», agrega el examen especial en la página 13.
En el cuarto examen especial la CCR consigna que el concejo municipal tenía un límite de $209,062.78 del 25 % del anterior Fodes para pagar salarios y dietas. No obstante, gastó $269,301.35, por tanto, se excedió en $60,238.57.
Esta situación generó que la comuna «dejara de utilizar del Fodes 25 % en otros gastos de funcionamiento en beneficio de los habitantes», se lee en la página siete del documento.
Los reparos contenidos en los cuatro exámenes especiales de la CCR han pasado a la etapa de juicio de cuentas, en la que finalmente se conocerá si el alcalde y los concejales de Chirilagua, del FMLN, son condenados patrimonial y administrativamente por las irregularidades en el uso de los fondos públicos.
