Los alcaldes de Zacatecoluca, Francisco Salvador Hirezi Morataya y de San Rafael Obrajuelo, Rafael Amílcar Avelar; así como dos exdiputados tuvieron, un beneficio directo de fondos públicos, señala la Fiscalía en las investigaciones que a más tardar el jueves pondrá a la orden de un juzgado para que se inicie el proceso penal.
Según las pesquisas del ministerio público, en la comuna de San Rafael Obrajuelo, hubo una apropiación de 900 quintales de maíz otorgados por el Gobierno para las personas afectadas por las tormentas «Cristóbal», «Amanda» y «Eta».
El gobierno entregó 1,000 quintales, pero supuestamente el alcalde y regidores vendieron 900, por cada quintal les dieron $11, obteniendo un beneficio propio de $9,900, que se lo habrían repartido entre todos.
«En San Rafael Obrajuelo se detectó que el alcalde, Rafael Amílcar Avelar y un regidor recibieron granos básicos para distribuir entre los habitantes de ese municipio, pero ellos los vendieron para beneficio propio», señaló el Fiscal General, Raúl Melara.
Mientras que en Zacatecoluca negociaron la presentación de carpetas técnicas y órdenes de compra directa, particulares pagaron a los regidores y alcaldes por su voto para que las compras fueran autorizadas, favoreciendo ilícitamente a los empresarios interesados.
Además, los empresarios del transporte colectivo implicados pagaron al concejo municipal para que aprobaran un acuerdo y afectar a la competencia.
«En Zacatecoluca son varias actividades los que ellos venían organizando entre otorgamientos de obras de manera irregular, adquisiciones de material para donarlo a la comunidad también de forma irregular, adjudicación de carreteras de forma irregular, establecer o declarar una terminal de buses tanto al norte como al sur del municipio también de forma irregular y siempre con dinero de por medio», indicó el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
Además, en Zacatecoluca, tanto el ministro de Seguridad como el director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas confirmaron el uso de varios agentes de tránsito para multar a motoristas del transporte público que laboran para rutas de buses que eran competencia de los empresarios que entregaban dádivas a las autoridades municipales.
«El subinspector de la Policía capturado colaboraba desarrollando actividades policiales en el favorecimiento de las competencias desleales, como ir a sancionar a la competencia del transporte público en beneficio de empresarios afines a los proyectos de las dos terminales», apuntó Arriza Chicas.
Por su parte el ministro de Seguridad afirmó «a los policías se les utilizó para poner esquelas a la competencia de estos empresarios que ya estaban realizando negociaciones ilícitas con la alcaldía de Zacatecoluca».
