La Corte de Cuentas de la República (CCR) detectó irregularidades cometidas por la Alcaldía Municipal de Santa Tecla en el proceso de constitución de la sociedad de economía mixta (SEM) Teclaseo y en el convenio para la recolección de desechos sólidos.
Los hallazgos de cumplimiento legal están contenidos en el informe final de auditoría del examen especial que el ente contralor llevó a cabo en la municipalidad del 1.º de julio de 2016 al 31 de enero de 2019, tras recibir una denuncia ciudadana.
La CCR encontró que la municipalidad de Santa Tecla inició la preselección de las empresas interesadas en ser socias mayoritarias de Teclaseo, a pesar de que el concejo, como «máxima autoridad», nunca lo autorizó «mediante acuerdo» ni definió las bases que regirían la participación de instituciones privadas en la constitución de la sociedad.
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Asimismo, la CCR detectó que en el proceso de constitución de Teclaseo «se pactaron cláusulas desfavorables a los intereses de la municipalidad», porque la alcaldía se comprometió a «no participar directa o indirectamente» en la celebración de alianzas estratégicas, contratos de sociedad, concesiones, operaciones o en la creación de sociedades «que tengan que ver por objeto [con] la prestación de servicios similares» con la recolección de basura.
Incluso, la municipalidad aceptó, en la constitución de la sociedad, que Teclaseo podía demandarla ante un juez por perjuicios económicos si participaba o celebraba alianzas con otra empresa para que se encargara o apoyara en la recolección de basura en Santa Tecla.
La municipalidad también aceptó no recibir «dividendos» aunque «aumente su participación accionaria» en la sociedad de economía mixta
La síndica Vera de Barrientos negó, en la auditoría, que la municipalidad pactara cláusulas desfavorables y argumentó que la constitución de una sociedad de economía mixta no es posible si no se definen las «obligaciones y los derechos» de las partes.
Sin embargo, los auditores rechazaron los argumentos de la síndica y explicaron que esas cláusulas avaladas por la municipalidad «restringen la autonomía» que la Constitución otorga a las alcaldías.
«Constituir una sociedad de economía mixta con cláusulas desfavorables a los intereses de la municipalidad genera incumplimientos legales, limitando la autonomía de esta en la gestión de los servicios públicos, así como la transparencia, austeridad, eficiencia y eficacia», determinaron los auditores.
La CCR también señala como hallazgo que la municipalidad tampoco licitó para elegir a la empresa que se iba a encargar de la recolección de la basura, sino que la prestación de este servicio fue asignada directamente a Teclaseo.
Dicho sea de paso, la municipalidad entregó a Teclaseo ocho camiones compactadores para la recolección de la basura y la CCR determinó que esa decisión fue en contra de los bienes municipales, porque no fueron considerados como «aportación» de la alcaldía a la sociedad de economía mixta y, por lo tanto, «no se incrementó el valor accionario de la municipalidad».
El valor de los ocho camiones era de $325,261.25. De estos, cinco fueron entregados en arrendamiento a Teclaseo a $1,000 mensuales por cada uno desde el 1.º de agosto de 2018 hasta el 1.º de enero de 2019. Sin embargo, los auditores detectaron que no hay registros contables, que a las arcas de la comuna nunca ingresaron los $30,000 por el alquiler de los cinco camiones por los seis meses y que el arrendamiento no se hizo con base en «un análisis» que sustentara la fijación del precio, «sino bajo un monto simbólico por ser socio de la municipalidad».
De los tres camiones restantes, la CCR no encontró contratos de arrendamiento entre la municipalidad de Santa Tecla y Teclaseo.
«Además, los ocho camiones compactadores físicamente están en uso en Teclaseo, SEM de C. V., en instalaciones propiedad privada de la sociedad, sin que dicha empresa cubra los gastos por depreciación, cargados a la municipalidad», plasma el informe final de auditoría del examen especial.
Dicho sea de paso, la municipalidad se comprometió a responder por las «acciones y responsabilidades de carácter legal, civil, penal, laboral, contencioso administrativo o de cualquier otra naturaleza que se interpongan» en contra de Teclaseo y también le cedió el 100 % de los ingresos de la tasa de aseo público que los tecleños pagarán por los 24 años de la vigencia del contrato.
Siempre en el manejo de fondos, el informe de la CCR revela que los auditores encontraron «irregularidades» en la transferencia de fondos que recibió la municipalidad para indemnizar a los trabajadores despedidos del Departamento de Desechos Sólidos, que fue suprimido para que la sociedad Teclaseo iniciara operaciones desde el 1.º de agosto de 2018
Según el informe, la municipalidad recibió $1,210,000 para indemnizar a los empleados, pero esos fondos fueron depositados «por una persona particular de la empresa Interaseo, S. A de C. V», a pesar de que debían ser entregados por Teclaseo, tal como establecía el acuerdo del concejo municipal.
Los recursos fueron enviados a una cuenta restringida únicamente para el pago de las indemnizaciones; sin embargo, los auditores encontraron que «se hicieron transferencias hacia otras cuentas bancarias»
«[La municipalidad] recibió y manejó fondos por $1,210,000, sin que se identifique el origen de estos», señala el informe final del examen especial de la CCR
En relación con el uso de esos fondos, los auditores de la CCR identificaron que, a la fecha del desarrollo del examen especial, la alcaldía solamente había indemnizado a 78 personas, por un monto de $311,100.10, y faltaban 81 personas, por un valor de $402,331.26, lo que da un total de $713,431.36. Sin embargo, el examen especial concluyó que «no se tiene evidencia del destino de los $496,568.64» restantes para las indemnizaciones.
