Varios gobernantes, entre ellos los expresidentes de El Salvador por el partido ARENA, Alfredo Félix Cristiani Burkard (1989-1994) y Francisco Flores (1999-2004), están siendo señalados por ocultar activos en empresas offshore, incluso con fines de evasión fiscal, según una pesquisa periodística internacional divulgada este domingo.
De acuerdo con la investigación, Cristiani fue director, propietario o presidente de alrededor de 15 empresas «offshore» en las Islas Vírgenes Británicas y Panamá. Mientras que el fallecido expresidente Francisco Flores está siendo vinculado como beneficiario de varias de esas sociedades entre e 2005 y 2006.
Incluso varios familiares de Alfredo Cristiani se han visto salpicados en dicha investigación, como copropiedarios y directores de la mayoría de sociedades. EL PAÍS señaló que 7 de las entidades permanecían activas en 2018.
La investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) de los llamados «Pandora Papers» que involucró a unos 600 periodistas de decenas de medios, incluidos The Washington Post y The Guardian- se basa en la filtración de unos 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de todo el mundo.
Se trata de documentos de que autentican los negocios, compraventa de acciones y de casas que han gestionado durante décadas los políticos más poderosos de América Latina.
En cuanto a las sociedades offshore, están radicadas en diferentes países del domicilio fiscal en el que sus administradores, sin embargo, EL PAÍS explicó en su publicación que los involucrados las crean en una jurisdicción opaca o nula de confidencialidad, para ocultar y eximirse de responsabilidades fiscales.
Implicados en otros casos de corrupción
Más de $4.2 millones serían los que el expresidente de la República, Alfredo Cristiani, habría malversado en los últimos seis meses de su gestión (1989-1994), según los diputados de la Comisión especial que investiga los sobresueldos erogados en los gobiernos de ARENA y el FMLN.
Mientras que Francisco Flores falleció mientras guardaba arresto domiciliar por otro caso de corrupción por lavado de dinero de $10 millones donados por Taiwán para las víctimas de los terremotos de enero y febrero de 2001.