Los analistas sociales y políticos Mauricio Rodríguez y Ricardo Sosa consideran que las leyes de amnistías en El Salvador tuvieron como propósito dejar en la impunidad a los autores materiales e intelectuales de los crímenes perpetrados en la guerra, además de no reconocer a las víctimas.
Los crímenes cometidos por miembros del FMLN, mediante sus cinco brazos armados, y por los viejos militares fueron perdonados y olvidados con tres leyes aprobadas y sancionadas entre 1987 y 1993.
Para Rodríguez, la base de las amnistías han sido los «acuerdos de cúpulas» de los bandos políticos enfrentados en el conflicto armado que asoló al país por más de 10 años.
«Desde un primer momento, tanto el FMLN como ARENA [en ese momento partido en el Gobierno] negociaron la paz, pero la paz de cúpulas, la paz entre ellos. Las amnistías han servido para protegerse. Ellos son la misma moneda con diferente rostro», consideró Rodríguez.
La segunda ley de amnistía fue aprobada el 23 de enero de 1992, siete días después de que el entonces presidente de la república, Alfredo Cristiani, de ARENA, firmó los Acuerdos de Paz con líderes guerrilleros como Salvador Sánchez Cerén, ahora expresidente de la república y nacionalizado nicaragüense luego de ser señalado de actos de corrupción en El Salvador.
«ARENA en ese momento necesitaba una oposición. El PDC, con [Napoleón] Duarte, había quedado fuera [de la esfera política]; entonces ocupó al FMLN para certificarse en el poder. En 2009 hicieron la permuta con el FMLN al cederle el poder», valoró el analista.
Para Sosa, la firma de los Acuerdos de Paz generó «un manto de impunidad»; por lo tanto, las víctimas nunca tuvieron acceso a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición por los crímenes que sufrieron.
«En los Acuerdos de Paz hubo ejecutores, hubo empleados de los denominados grupos de poder de aquel momento, que generaron una serie de acuerdos y, principalmente, el manto de la impunidad fue lo que aseguraron», declaró Sosa, quien también es un experto criminólogo.
Rodríguez y Sosa consideraron que la ley de justicia transicional que prepara la nueva Asamblea Legislativa es una opción para reparar a las víctimas del conflicto, pero también una oportunidad para conocer la verdad sobre los autores materiales e intelectuales de los crímenes.
Esa normativa, según el mandato de la Sala de lo Constitucional del período 2009-2018, no debe ser «amplia, absoluta e incondicional» en favor de los victimarios, porque esas disposiciones son contrarias a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
La ley de justicia transicional será construida en la comisión de justicia de la Asamblea Legislativa, la cual es presidida por Rebeca Santos, diputada de Nuevas Ideas, quien considera que la creación de la normativa no es «una venganza» política, sino una manera de reparar a las víctimas, lo que no hicieron ARENA y el FMLN cuando gobernaron el país por 30 años.
En la Asamblea también se evalúa la posibilidad de crear una comisión especial que investigue los crímenes perpetrados en el conflicto armado. Recientemente, el asesor jurídico de la presidencia de la república, Javier Argueta, aplaudió esa propuesta.