Pandillas convertidas en “Actores Violentos No Estatales” que trataban de mantener una economía criminal ilícita versus el Estado Salvadoreño.
En la primera parte, publicada el 26 de mayo de 2022, se apreció una retrospectiva de las pandillas que abarcó 30 años (1992-2022), pasando de grupos barriales a estructuras criminales. En este análisis perspectivo se explican las características que los terroristas alcanzaron antes de la llegada del presidente Nayib Bukele como jefe del Estado salvadoreño. Para ello será necesario mencionar los conceptos siguientes:
De 2000 a 2010, las pandillas tuvieron una última evolución y se convirtieron en «actores violentos no estatales», definido esto como una red entretejida en las comunidades, desafiando las estructuras del poder estatal por medio del desencadenamiento de elevados niveles de violencia, actos de terrorismo, ataques contra policías, militares, funcionarios y la población honrada, generando elevados niveles de inseguridad e inestabilidad, constituyéndose en amenaza a la seguridad pública y el desarrollo nacional.
Las pandillas, debido a la incapacidad e incompetencia gubernamental de la década mencionada, se comportaron como una insurgencia criminal, que empezó a tener motivaciones políticas para obtener autonomía y control de zonas del territorio salvadoreño, con el objetivo de llevar a cabo actividades criminales en total impunidad y beneficiarse económicamente. En ese sentido, con el fin de convertirse en una insurgencia criminal, lanzaron comunicados, hablaron de tregua, trataron de influir en políticas públicas y compitieron contra el Estado no para derrocarlo —como era la intención de las guerrillas en los años ochenta—, sino para liberarse del control gubernamental y maximizar los beneficios de sus actividades económicas delictivas, desafiando la legitimidad estatal a fin de adquirir una zona autónoma fuera del control del Gobierno.
Es así como, a mediados de la década de 2010, las pandillas operaban como insurgencia criminal dentro de los municipios y como actores violentos no estatales en el sentido que dominaban el territorio, la vida política, económica y social, con el objetivo de conformar un enclave criminal libre del control estatal para establecer un seudo-Estado paralelo. El logro de su objetivo se basó en su libertad de movimiento, percibida por las comunidades, en la complicidad de actores políticos y en que maximizaron sus ganancias provenientes de circuitos económicos ilegales.
Se convirtieron en grupos transnacionales con una estructura corporativa, cuyo objetivo primordial era obtener dinero mediante actividades ilícitas gracias a la corrupción y al miedo. Aprovecharon las debilidades de los gobiernos de turno y lograron generar subsistemas políticos y económicos a su favor, pues no buscaban un cambio político, sino alianzas estratégicas para aumentar sus ganancias.
Eso fue lo que encontró el presidente Bukele. La ineptitud de los gobiernos anteriores permitió crear esa insurgencia criminal, debido al desinterés, la debilidad y la incapacidad de sus administraciones, que les dieron legitimidad, pues al ofrecerles cobertura mediática a los voceros y los apologistas de las pandillas generaron en la población la idea de que era imposible eliminarlas y que se tenía que aceptar un poder paralelo al Estado, incluso la idea de municipios santuarios, que le quitaron legitimidad al Estado en los territorios dominados y desmoralizaron a la población salvadoreña honrada.