El Tribunal Supremo Electoral (TSE), como cualquier institución pública, está obligado a acatar las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Con respecto a la sentencia que el tribunal constitucional emitió vinculada a la reelección presidencial, el magistrado Julio Olivo Granadino, quien representa al FMLN, no ha acompañado al resto del pleno electoral y dice sentirse indeciso para acatar el ordenamiento que se ha promulgado.
Sobre ese aspecto, el analista y crítico del Gobierno Jorge Villacorta afirmó ayer en la entrevista Diálogo con Ernesto López que Olivo, al igual que el resto del pleno del organismo colegiado, deberá respetar la sentencia y hacerla cumplir.
«El que dude, y peor si es abogado, creo que comete un error. Puede decir que la Corte es espuria, pero ese no es el punto, esa es la Corte que ahora está. Si soy juez, debo cumplirla. El ciudadano puede decir que ni va a votar, pero el TSE es juez y debe cumplirla. Si no están de acuerdo, deben acudir ante la misma sala a decirle que no la van a cumplir», señaló Villacorta.
Otro elemento que señaló el analista y exdiputado de la Asamblea Legislativa por el ya desaparecido Convergencia Democrática fue que desde la oposición se afirma que los magistrados que integran la actual Sala de lo Constitucional fueron impuestos y, por tanto, las sentencias que emiten no tienen asidero legal.
En principio, agregó, los magistrados sí fueron electos conforme al proceso de ley, y a su vez las sentencias sí tienen validez jurídica.
«Dicen que la sala es espuria, pero le van a dejar “habeas corpus”. Eso lo que hace es legitimar a la sala porque acuden a ella», mencionó.
En otro tema, el analista Juan Maldonado mencionó en la misma entrevista que la oposición política habla de un posible fraude electoral en 2024, principalmente por el mecanismo de votación de la diáspora.
«Siempre se tiende a asustar con el petate del muerto al argumentar el tema del fraude electoral. Se tiene que confiar en el sistema y en el TSE», expuso.
Ambos analistas coincidieron en que el TSE deberá contratar a un tercero que garantice la transparencia del sufragio, la seguridad y la protección de los datos de los votantes.
