Los miembros de la comisión de hacienda y especial del presupuesto de la Asamblea Legislativa acordaron ayer recomendar al pleno la aprobación de la iniciativa del decreto transitorio que presentó la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) para fijar la tarifa del servicio que brinda en las viviendas que ocuparon de forma ilegal las pandillas.
Para obtener los insumos necesarios previo a la emisión del dictamen favorable, los diputados recibieron al titular de la ANDA, Rubén Alemán, quien mencionó que «esta medida tiene que ver con todas aquellas familias que gracias a Dios han recuperado sus casas, gracias al éxito del Plan Control Territorial (PCT), y ahora han regresado y se encuentran con una factura de $100, $1,000 o $2,000».
De acuerdo con Alemán, «eso es lo que nos ha pasado y es agua que no ha consumido [el propietario legal de la vivienda], pero que los pandilleros que estaban allí usaron. Es justo tomar una decisión al respecto».
«El tema de agua no se puede ver a un lado, es un cobeneficio del Plan Control Territorial. Nos estamos sumando a ese modelo estratégico, es un valor agregado», añadió.
Detalló que el decreto transitorio establece las siguientes condiciones especiales: se pondrán a cero las cuentas de todas las personas que han recuperado sus casas en zonas que habían sido ocupadas por pandillas y se les establecerá una cuota fija de $3.25 por 10 años.
La Campanera, Altavista, Distrito Italia, Las Margaritas, Popotlán, San Leonardo y Valle del Sol fueron algunas zonas que mencionó Alemán donde aplicará el beneficio transitorio.
Aclaró que «tampoco es justo que en áreas de alta plusvalía estén pagando $2.39, no puede ser, a esos sectores se les va a poner una cuota mínima de $7.05; y si es industria, comercios húmedos [carwash] tendrán una cuota mínima de $14».
Con esta iniciativa del Ejecutivo, que se enfoca en el sector domiciliar, pero contempla otro tipo de consumidores de agua potable servida por la autónoma, tiene como objetivo general exonerar las moras, intereses y recargos por incumplimientos; es decir, solo se pagará el capital.
Se pretende beneficiar a habitantes de zonas residenciales, a instituciones de Gobierno y del área municipal que totalizan 114,500 usuarios con mora, proponiendo una estrategia de pago a plazos que puede ser de 12 o 18 meses, únicamente cancelando una prima del 10 %.
Alemán explicó que es la tercera vez que solicitan avalar una disposición similar que saneará la cartera financiera tanto de la ANDA como de los usuarios.
«En 2021 beneficiamos a más de 34,000 personas; empezamos con una mora de $125 millones y la reducimos a $100 millones en un período de seismeses. Los ingresos de ese año fueron arriba de $15 millones, los cuales se invirtieron en obras, que ahora podemos ver», informó.
El segundo decreto de la misma naturaleza se aprobó en 2023 y benefició a 50,000 personas. En ese momento, la mora era de $105 millones, pero después de seis meses de implementación se redujo a $74 millones.
Los ingresos que obtuvo la autónoma superaron los $8 millones. Ahora se tiene una mora de $72.2 millones, previendo que se beneficien con el nuevo decreto transitorio en cuatro meses cerca de 85,000 clientes.
El comercio y la cooperación con EE. UU. se fortalecerán con el nuevo caucus
