A dos décadas de la tragedia que sepultó a cientos de personas en Las Colinas, Santa Tecla, en el plano judicial, específicamente en el caso de los $10 millones donados a El Salvador por la República de China Taiwán, abogados defensores han apelado la inmovilización de bienes y cuentas bancarias, mientras que la Fiscalía ha presentado una revocatoria al sobreseimiento definitivo dictado a favor del expresidente Elías Antonio Saca, Juan Tennant Wright y Gerardo Antonio Balzaretti Kriete.
Los defensores han mostrado ante la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador su inconformidad por la inmovilización de bienes y el congelamiento de cuentas bancarias emitidos por la Fiscalía General de la República el 24 de julio de 2020.
En el folio 398 del dictamen de acusación al que se ha tenido acceso, la Unidad Especializada contra el Lavado de Activos ha presentado como prueba un informe denominado «Análisis financiero relacionado con el destinatario de la donación de $10 millones de la República de China Taiwán», en el cual un perito concluye que hay elementos suficientes que acreditan la apropiación de fondos públicos y posterior legitimación fraudulenta por medio de operaciones de lavado de dinero, y que hubo transacciones bancarias orientadas a darles apariencia legal.
Ante ese peritaje, la representación fiscal dice que con el fin de garantizar el cumplimiento de una probable condena civil, se tomó la decisión de inmovilizar bienes y congelar cuentas bancarias para evitar que los acusados se sustraigan de esa obligación y trasladen sus bienes por medio de compraventas y donaciones, así como retirar el dinero depositado en cuentas bancarias.
Además de Saca, Wright y Balzaretti Kriete, están afectados con la decisión fiscal el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), María Elena Fernández de Samayoa y María Elena de Lourdes Samayoa de Altamirano.
Los defensores argumentan ante la Cámara Segunda de lo Penal una violación a sus derechos, pero el ministerio público señala en el expediente que la medida cautelar impuesta no vulnera principios constitucionales de propiedad y posesión de bienes.
El desembolso de los $10 millones lo hizo Taiwán entre octubre y diciembre de 2003. Dichas donaciones la Fiscalía las acredita con documentación emitida por la embajada de esa nación asiática en donde se detalla la cantidad y el nombre de cada proyecto.
En el expediente, el ministerio público menciona que los $10 millones fueron recibidos directamente y mediante cheques por Francisco Flores, en su calidad de presidente de la República de El Salvador.
La representación fiscal dice que Flores, luego de recibir los cheques, los endosó para depositarlos en una cuenta corriente de la institución financiera «offshore» Cuscatlán International Bank and Trust, a nombre de la asociación Centro de Estudios Políticos Doctor José Antonio Rodríguez Porth, dinero que luego fue trasladado a una cuenta que ARENA tenía en Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.
La Fiscalía también ha mostrado su inconformidad por el sobreseimiento definitivo por prescripción del delito de lavado de dinero emitido para Saca, Wright y Balzaretti Kriete. La revocatoria interpuesta es analizada por la Sala de lo Penal.
