En Centroamérica, El Salvador es el único país que ha procesado a cinco expresidentes que estuvieron en el cargo entre 1989 y 2019. Uno falleció mientras era procesado, otro está encarcelado y tres están prófugos por delitos de corrupción y permitir magnicidios.
En 30 años de mandatos presidenciales cuatro del partido ARENA y dos del FMLN, el único que la Fiscalía General de la República no procesó fue al fallecido Armando Calderón Sol, quien se convirtió en el segundo presidente después de los Acuerdos de Paz, entre 1994 y 1999, es recordado por haber finalizado el proceso de privatización que Alfredo Félix Cristiani Burkard comenzó.
Cristiani Burkard es el último de los expresidentes procesados que conforma la lista de prófugos. Pero de los cuatro exmandatarios que fungieron entre 1999 y 2019 todos han acumulado expedientes penales en los tribunales de San Salvador.
En esos cuatro mandatos presidenciales, el país experimentó 20 años inmerso en la corrupción desde el más alto nivel, entre los cuatro expresidentes se apropiaron de $809,565,400.49. La Fiscalía ha librado una batalla legal en diversas instancias judiciales para recuperar este dinero, pero hasta la fecha todos los procesos están en desarrollo y de forma definitiva el Estado no ha recuperado los más de $809.5 millones que los expresidentes se robaron.
LOS PROCESOS
Así como llegaron a la presidencia de la república así fueron procesados, a excepción de Cristiani Burkard. El primer jefe de Gobierno en llegar a los juzgados fue Francisco Flores. El 30 de abril de 2014, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la scalía General de la República lo acusó en el Juzgado Primero de Paz de San Salvador de peculado (apropiarse de bienes del Estado), casos especiales de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y desobediencia de particulares.
En la audiencia preliminar, Flores fue enviado a juicio, pero el proceso terminó ahí ya que falleció el 30 de enero de 2016 en un hospital privado tras sufrir un derrame cerebral.
En la causa penal se estableció que se apropió de $10,000,000 que Taiwán donó entre octubre de 2003 y abril de 2004 para damnificados de los terremotos de 2001. Según las investigaciones, hizo 12 transferencias cablegráficas desde la cuenta del Centro de Estudios Políticos Dr. José Antonio Rodríguez Porth hacia una cuenta del Coena, en San Salvador. Con esto se ocultó el dinero que provenía del delito de peculado y se incorporó en el sistema bancario salvadoreño.
CASADO CON LA CORRUPCIÓN
El 29 de octubre de 2016 fiscales y policías irrumpieron en un centro de eventos privado en Antiguo Cuscatlán para capturar al expresidente Elías Antonio Saca, quien estaba celebrando la boda de uno de sus hijos. Casi dos años después, específicamente el 13 de septiembre de 2018, en un procedimiento abreviado confesó que cometió dos delitos de corrupción. Admitió que entre 2004 y 2009 en su calidad de presidente incurrió en los delitos de peculado y lavado de dinero, que ideó un plan para apropiarse de los más de $301 millones y desviarlos hacia sus empresas. Ante los jueces del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador dijo que con fondos públicos compró 28 propiedades, pero al tener mucho dinero para evitar ser detectado optó por transferir fondos a nombre de terceras personas naturales y jurídicas, entre ellos, representantes de agencias de publicidad, exfuncionarios de su gabinete, familiares, sus empresas y hasta el partido ARENA.
PLACER, CIRUGÍAS, ARMAS Y BOLSAS CON DINERO
Mauricio Funes fue el tercer presidente procesado y su caso se denominó Saqueo Público. El 5 de junio de 2018, el ministerio público lo acusó junto con 31 personas en el Juzgado Quinto de Paz de peculado y lavado de dinero. La Fiscalía dice que el expresidente y los otros acusados crearon un plan para sustraer de Casa Presidencial $351,035,400.49 entre 2009 y 2014. Con esos fondos públicos adquirieron vehículos, inmuebles a través de testaferros, viajaron a 20 países, entregaron dinero a personas allegadas, construyeron y remodelaron inmuebles, transfirieron dinero a personas legales y jurídicas y pagaron cirugías estéticas. Funes ha llegado acumular en varios juzgados de San Salvador siete expedientes, tiene calidad de prófugo y no ha podido ser extraditado porque el Gobierno de Nicaragua le dio asilo político el 2 de septiembre de 2016. El exmandatario tiene siete órdenes de captura por causas penales que iniciaron entre el 27 de junio de 2018 y el 17 de diciembre de 2020 por los delitos de peculado, lavado de dinero, evasión de impuestos, revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial, agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero.
PRIVATIZACIONES Y LA MASACRE DE LOS JESUITAS
Alfredo Félix Cristiani Burkard es el último de los cinco expresidentes procesados. Su expediente no es por corrupción, el ministerio público lo acusa de comisión por omisión en el asesinato de los seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, el 16 de noviembre de 1989. Según la Fiscalía, Cristiani Burkard tuvo conocimiento del plan de los militares para asesinar a los jesuitas, pero no hizo nada para detener la orden. Como comandante general de la Fuerza Armada tenía la capacidad de decidir en última instancia la ejecución o no de la operación militar, pero en su posición de garante no lo evitó. En la audiencia inicial, que finalizó el 11 de marzo, el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador le emitió orden de captura por no haberse sometido al proceso. En su mandato presidencial Cristiani Burkard también es recordado por ejecutar una serie de medidas. En 1989 impulsó la privatización de las exportaciones del café y del azúcar, en 1990 privatizó el Hotel Presidente, un año después privatizó la banca, cerró el Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA) y el Instituto de Vivienda Urbana (IVU) e implementó el IVA en 10 %. En los últimos cinco meses de su gestión utilizó $5.5 millones de la partida secreta.
DEL «SUEÑO» REVOLUCIONARIO A HUIR DE LA JUSTICIA
El expresidente de la república Salvador Sánchez Cerén tiene una investigación abierta por delitos de corrupción y un proceso judicializado por haberse apropiado de $530,000, según la acusación que la Fiscalía presentó en el caso conocido como Sobresueldos. La investigación está abierta y aún no ha llegado a los tribunales. Recientemente el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo en una entrevista de televisión que a Sánchez Cerén se le atribuye haberse llevado $147 millones. El expresidente del período 2014-2019 tiene orden de captura que el 28 de julio del año pasado emitió el juez Segundo de Paz de San Salvador. La Policía Internacional (Interpol) rechazó emitirle difusión roja por su asilo político en Nicaragua. Junto con Sánchez Cerén otros nueve exfuncionarios del Gobierno de Mauricio Funes son procesados. La Fiscalía los acusa de haber recibido dinero de forma ilegal (disfrazados de bonos) entre 2009 y 2014, fondos que con la autorización del prófugo Funes, supuestamente, los entregaba Francisco Cáceres Zaldaña, ex secretario privado de la presidencia.
