La otrora Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap) sirvió para que los presidentes de las administraciones de los partidos ARENA y FMLN sustrajeran recursos del Estado, afirmó el jefe de bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara.
«Por más que la oposición critique nunca borrará el hecho de que la Lacap sirvió para que sus presidentes se robaran el dinero de los salvadoreños», reiteró Guevara.
La Lacap fue aprobada en 2000, durante la administración del arenero Francisco Flores, y aplicada en los gobiernos de Antonio Saca y los efemelenistas Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.
Estas administraciones están salpicadas con casos de corrupción derivados de la falta de aplicación de la legislación en los procesos de contratos y adquisiciones de parte de algunos funcionarios, por lo que actualmente enfrentan procesos judiciales.
El otrora bulevar Diego de Holguín, hoy Monseñor Romero, y la presa El Chaparral, hoy Central Hidroeléctrica 3 de Febrero, son símbolos de la galopante corrupción que envolvió a los gobiernos de ARENA y del FMLN.
Guevara recordó que la Lacap impedía también las compras expeditas en la administración pública para casos de emergencia, lo que no ocurrirá con la nueva Ley de Compras Públicas, que conlleva procesos de celeridad y de transparencia.
«¿Cómo le explicas a un padre que se debe esperar tres meses para la compra de medicinas de su hijo enfermo porque está en licitación?», se preguntó el jefe de la bancada cian.
La Asamblea aprobó en la última sesión plenaria un pliego de observaciones que el Ejecutivo hizo a la nueva normativa, con ello se ampliaron los controles de transparencia para los procesos de adquisición de obras, bienes y servicios de la administración pública.
La legislación agrega a la prohibición a funcionarios de elección popular o de segundo grado, ya sean electos, nombrados o designados en dichos cargos y a titulares o miembros de consejos directivos.
Asimismo, están impedidos para contratar y ofertar las juntas de gobierno o los cuerpos colegiados de instituciones oficiales autónomas y los miembros de las juntas directivas de las sociedades en las que participe el Estado.