Este día se cumplen tres años desde el inicio de la implementación del Plan Control Territorial, la estrategia de seguridad de la gestión actual, que ha dado importantes e históricos resultados en la reducción de delitos, principalmente la violencia homicida generada por las pandillas, que causó la muerte de más de 75,000 salvadoreños en los últimos cuatro gobiernos de los partidos ARENA y FMLN.
Desde el día en que el presidente de la república, Nayib Bukele, anunció el plan para enfrentar a los mareros y salvaguardar la vida de los salvadoreños, los diputados de la vieja Asamblea Legislativa se empeñaron en negar sus votos y bloquear toda petición del gobernante encaminada a disponer de fondos para comenzar la fase I.
La correlación de fuerzas en la anterior legislatura estaba de la siguiente manera: 37 diputados del partido ARENA, 23 del FMLN, 10 de GANA, nueve del PCN, tres del PDC, uno de CD y uno independiente. En el caso del partido tricolor, cuatro de sus diputados externaron su apoyo para la aprobación de los fondos que requería el Gobierno, además de los parlamentarios de GANA.
Sin embargo, pese a las reiteradas explicaciones que el presidente les dio a los diputados sobre la distribución de los fondos, ARENA y el FMLN se empeñaron en negar sus votos.
A pesar de no contar con el apoyo necesario, el Gobierno tuvo que hacer maniobras con sus finanzas y reorientar $31 millones provenientes de la contribución especial para la seguridad ciudadana y convivencia (CESC) —dejó de ser prorrogada en 2020— para comenzar la fase I, denominada Control. El resto de este financiamiento fue obtenido de la contribución ciudadana.
El mandatario brindó detalles de los resultados luego de dos semanas de haber comenzado el plan: «Lleva 15 días y ha sido muy exitoso, hemos tenido reducción de homicidios».
En paralelo, funcionarios de Seguridad Pública anunciaron que el Estado, por medio de la Policía y el Ejército, había tomado el control de las comunidades en los 16 municipios más violentos; entre estos, San Salvador, Mejicanos, Apopa, Soyapango, Ilopango, Cuscatancingo, Ciudad Delgado y Santa Tecla, donde los criminales hacían lo que querían.
Menos de un mes había transcurrido cuando comenzó la fase II, Oportunidades, cuya apuesta se centraba en llevar desarrollo a las comunidades, principalmente para que los niños y los jóvenes se mantuvieran alejados de las pandillas.
BLOQUEO DE $91 MILLONES
Para la ejecución de esta fase, el Gobierno necesitaba $91 millones, pero de nueva cuenta la anterior legislatura negó sus votos, así como también lo hizo cuando el Ejecutivo solicitó $109 millones para la fase III, llamada Modernización, para dotar a los policías y soldados con equipo de protección personal e insumos destinados para combatir a los criminales.
El bloqueo de ARENA y el FMLN se prolongó por 21 meses, período en que la vida de miles de salvadoreños fue arrebatada por la criminalidad, aunque en menor porcentaje que en los gobiernos anteriores, que se caracterizaron por implementar planes fracasados y por pactar con mareros para obtener réditos electorales a cambio de la vida de la población, tal como lo ha denunciado varias veces el presidente Bukele.
