La oposición política no está a favor de que el caso Jesuitas haya sido reabierto, posibilidad que surgió con la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que admitió el miércoles anterior un amparo interpuesto por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la Sala de lo Penal, que había enviado el caso al archivo.
El diputado de ARENA Francisco Lira fue enfático al decir que debería «quedar cerrado». «Creo que fue ya un tema discutido, perdonado. Hasta la Iglesia católica lo ha mencionado. Son cortinas de humo que quieren quitar la atención para resolver temas que afectan a la población», expresó el legislador tricolor.
Agregó que, a su juicio, «hay que ser maduros» para tocar los temas que a la población le interesan.
Por otra parte, la diputada del FMLN Marleni Funes afirmó que la decisión de la Sala de lo Constitucional obedece a que los magistrados de esta buscan «legitimidad» ante la población salvadoreña.
«Esta sala lo que busca por todas las vías es legitimarse ante la población salvadoreña, porque la forma en que fue impuesta le resta credibilidad. Los invitaría a que no solo se reabra el caso de los jesuitas, sino que presenten los archivos del caso El Mozote», dijo Funes, mezclando dos masacres cometidas en diversos lugares.
Esta postura contrasta con la demanda de justicia que el partido de izquierda mantuvo por décadas, pero que ahora desvalora cuando puede reabrirse el caso y procesar a los autores intelectuales del crimen de lesa humanidad.
La masacre fue perpetrada por miembros del Batallón Atlacatl el 13 de noviembre de 1989 en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). Alfredo Cristiani —del partido ARENA— era presidente de la república y comandante general de la Fuerza Armada.
Para el secretario jurídico de la presidencia, Javier Argueta, «todos merecemos saber la verdad y la justicia sobre los autores intelectuales de este hecho», reafirmó, y lamentó que la UCA no haya emitido un pronunciamiento favorable en relación con la reciente sentencia constitucional.
Para el analista político y sociólogo Mauricio Rodríguez, la reapertura del caso es algo positivo. «Se podrán deducir responsabilidades penales y llevar ante las autoridades competentes a los involucrados en la masacre, donde se encuentran involucrados elementos de la Fuerza Armada, algunos que ya están siendo castigados por otros países como España y Estados Unidos», dijo.
