Este viernes 26 de marzo, fuentes al interior de la Asamblea Legislativa denunciaron que un gran número de documentación que podría estar relacionada a diversas irregularidades al interior del Órgano Legislativo fue lanzada a una quebrada que se ubica en las proximidades de la Asamblea Legislativa, en San Salvador.
Según dichas fuentes, durante el último día laboral en la Asamblea Legislativa previo a las vacaciones por el período de Semana Santa, un grupo de ordenanzas del Partido de Conciliación Nacional (PCN) recibieron órdenes de sus superiores de destruir un gran número de documentos y de lanzarlos a la quebrada que está al costado norte de la Asamblea.
La documentación corresponde a trámites administrativos, sin embargo, la Asamblea Legislativa cuenta con sus propios contenedores para basura al interior de sus instalaciones, por lo que la quebrada en la que fueron arrojados los documentos no es usada para fines de limpieza o depósito de desechos sólidos.
El Secretario General de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL), Luis Ortega, consultado vía telefónica, afirmó desconocer sobre el hallazgo. «Documentos. No he escuchado de eso», declaró Ortega. También el diputado del PCN, Raúl Belthrán Bonilla, dijo no tener conocimiento sobre la papelería que habría salido del seno legislativo y lanzado sobre un lugar no autorizado pues en el lugar existen contenedores.
«Yo gracias a Dios ni ordenanza tengo» expresó el parlamentario, quien aseguró que del personal que ellos tienen asignado en la parte de abajo no llegó nadie a trabajar y que él dejó la oficina como las 4:30 de la tarde.
El diputado Beltrán Bonilla aparte de alegar desconocer el hecho, dijo que «hay que denunciarlo» se mostró confiado. «Como a nosotros todos los documentos importantes la Fiscalía se los llevó no tenemos ninguna cosa que temer» expresó.
Este hecho es denunciaron en un momento en el que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación ante la posible contratación de plazas fantasmas durante las administraciones legislativas anteriores. Desde el pasado martes 16 de marzo, la Fiscalía inició un allanamiento al interior del Legislativo que concluyó el pasado día 23.
La Unidad de Sistemas o soporte técnico de la Asamblea fue el último lugar allanado por los fiscales en la madrugada del domingo, pero días antes revisaron documentos y equipo informático en la Gerencia de Recursos Humanos y la Gerencia Financiera.
En los allanamientos participaron la Unidad de Investigación Financiera, Unidad de Delitos de Corrupción, Unidad de Tráfico y Trata de Personas y Unidad de Extinción de Dominio de la FGR. La FGR informó ayer a través de su unidad de prensa que no tiene programado dar conferencia de prensa para rendir un informe de toda la información recabada durante el procedimiento.
Este día, a través de una publicación en su cuenta de Twitter, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, informó que ha enviado a la Fiscalía General de la República (FGR) la carta que recibió de parte de Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa, en la que asegura que todos los empleados del Órgano Legislativo para los que se ha solicitado salario han cumplido con sus obligaciones laborales.
En la documentación entregada a Fiscalía y dirigida al fiscal general de la República, Raúl Melara, el ministro Zelaya señala que el diputado Ponce asegura que las remuneraciones solicitadas para el presente mes de marzo de 2021 corresponden a los empleados que han cumplido con sus obligaciones laborales.
Ayer, Zelaya aseguró en conferencia de prensa que realizaría la transferencia de dinero para que la Asamblea Legislativa pueda realizar el pago correspondiente a marzo a sus empleados y explicó que la Junta Directiva del Legislativo había enviado un documento en el que detallaba que $3.3 millones en salarios serán devengados por los empleados que están en planilla.
De igual forma, el funcionario aseguró que dicho documento será utilizado como herramienta para la investigación que tiene en proceso la Fiscalía General de la República (FRG), la cual está relacionada a las plazas fantasmas.
Alejandro Zelaya también aclaró ante los medios de comunicación que «se desliga del delito culposo de peculado» y se dirigió al presidente del Órgano Legislativo (Mario Ponce) y a la junta directiva como responsables del mismo que sería así, si se llega a determinar que hubo delito en el Congreso, por las famosas «plaza fantasma».