El régimen de excepción está vigente desde el 27 de marzo pasado, y fue ampliado con 67 votos a favor por 30 días más con la octava prórroga que aprobó la Asamblea Legislativa, para continuar con el combate de las maras y pandillas a escala nacional.
La ampliación fue solicitada por medio de una iniciativa de ley que el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro y el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, presentaron al mediodía en la Asamblea.
En conferencia de prensa, Villatoro argumentó que la implementación del estado de excepción ha generado «beneficios irrefutables» en materia de seguridad pública y que la población ya no vive en «zozobra» por el accionar de los grupos delincuenciales.
Asimismo, expresó que, desde el 27 de marzo pasado hasta este martes, 57,568 miembros de maras y pandillas habían sido capturados gracias a la medida constitucional y que de esa cantidad 843 eran cabecillas de las estructuras criminales, que en el 2015 fueron declarados grupos terroristas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
También se han realizado en ese periodo 1,862 incautaciones de armas de fuego, 2,276 de vehículos, 13,565 de celulares y ha sido decomisados $1.4 millones en efectivo que estaban en poder de los grupos delincuenciales y que presumiblemente eran producto de las extorsiones.
Según las proyecciones del funcionario, la reducción de la tasa de homicidios al cierre de este año será mayor al 50 % en comparación con el año pasado.
La implementación del régimen de excepción ha sido criticada por las ONG internacionales defensoras de los derechos humanos, pero su actuación fue cuestionada la semana pasada por el presidente de la república, Nayib Bukele, al señalar que solo defienden los derechos de los delincuentes.
El ministro de Seguridad Pública se sumó a los cuestionamientos que hizo el mandatario y señaló que «los organismos internacionales solo velan por los derechos de los criminales» y no de «los salvadoreños honrados».
Agregó que esas ONG «no nos van a venir a dictar lo que los salvadoreños necesitamos» en materia de seguridad pública, por tanto, y no les prestarán «ni un ápice de atención» porque «naturalmente están a favor de los criminales».
El proyecto de ley para la prórroga del régimen de excepción la recibió el presidente de la Asamblea Legislativa y diputado de Nuevas Ideas, Ernesto Castro, quien también criticó el accionar de las ONG internacionales defensoras de derechos humanos.
«[Que las ONG] sigan diciendo lo que quieran, pero las decisiones las vamos a tomar nosotros. Las decisiones se van a tomar aquí», sentenció Castro y agregó que la nueva Asamblea Legislativa -con la mayoría de los diputados de la bancada cian- seguirán apoyando las iniciativas de ley que envíe el Ejecutivo a ese Órgano del Estado.
La solicitud para prorrogar por octava ocasión el régimen de excepción fue votada por la noche en la sesión plenaria, con los votos favorables de los diputados de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC.
Al igual que en las ocasiones anteriores, los grupos parlamentarios del FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo votaron en contra. Esta vez, los diputados del grupo parlamentario de ARENA votaron divididos: algunos no votaron, otros votaron abstención (incluido el jefe de bancada, René Portillo Cuadra) y otros votaron en contra.
