Con 64 votos a favor, la Asamblea Legislativa destituyó, después de una votación nominal y pública, a cinco magistrados propietarios de la Sala de lo Constitucional y sus cinco suplentes, debido a una serie de resoluciones que pusieron en peligro la vida de la población durante lo más crítico de la pandemia por COVID-19, a través de arbitrariedades y fraudes de ley. 19 diputados votaron en contra.
La solicitud fue presentada por la primera vicepresidenta de la Asamblea, la diputada de Nuevas Ideas Suecy Callejas en contra de los cinco magistrados propietarios Armando Pineda, Aldo Cáder, Carlos Avilés, Carlos Sánchez y Marina Marenco de Torrento, y sus cinco suplentes: José Cristóbal Reyes Sánchez, Jorge Alfonso Quinteros Hernández, José Luis Lovo Castelar y Sonia Elizabeth Cortez de Madriz.
Elisa Rosales, primera secretaria de la Asamblea Legislativa, leyó la iniciativa, basada en el artículo 186 de la Constitución: «(los magistrados de la Corte Suprema de Justicia) podrán ser destituidos por la Asamblea Legislativa por causas específicas, previamente establecidas por la ley. Tanto para la elección como para la destitución deberá tomarse con el voto favorable de por lo menos los dos tercios de los diputados electos».
El presidente Nayib Bukele reaccionó también por medio de un tweet señalando que «la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional por parte de la Asamblea Legislativa es una facultad incontrovertible expresada claramente en el artículo 186 de la Constitución de la República».
Según lo descrito en la pieza de correspondencia, «la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema Legislativa (CSJ), actuó de forma ilegal durante pandemia del COVID-19, tergiversando la Constitución a través de sentencias de inconstitucionalidad. Los magistrados fallaron en favor de la actividad lucrativa de las empresas, dejando en segundo plano la vida humana, a pesar de ser este el derecho fundamental del cual emanan el resto de derechos constitucionales».
De igual manera la pieza describió que «la vida como principal valor jurídico, fue minimizada por las sentencias de la Sala de lo Constitucional, a pesar de que El Salvador -al igual que el resto del mundo-, se encontraba en la pandemia más grande en los últimos 100 años, poniendo en riesgo inminente la salud de los salvadoreños».
Diputados de todas las bancadas dieron su punto de vista. René Portillo Cuadra, jefe de fracción de ARENA, reconoció que los diputados pueden destituir a los magistrados, pero consideró que tal acción debía ser después de que lo solicitara el fiscal general de la República. Claudia Ortiz, de Vamos, también se expresó pidiendo más claridad de la agenda, en tanto que el ex arenero Johnny Wrigth Sol, de NT, pidió a la comunidad internacional y organizaciones «prestar atención». Anabel Belloso, del FMLN, dijo que su partido votaría en contra porque, consideró, que la iniciativa era un «golpe de Estado».
Guillermo Gallegos, de GANA, resaltó que los diputados sí están facultados para destituir magistrados y que la Asamblea Legislativa, en este caso, no estaba emitiendo un juicio.
Christian Guevara, diputado de Nuevas Ideas, propone a Héctor Nahum Martínez , José Ángel Pérez Chacón, Elsy Dueñas, Luis Javier Juárez Magaña y Oscar Alberto López Jerez para asumir como magistrados de Sala de lo Constitucional.