La Asamblea Legislativa que operará durante el período de 2021 a 2024 eligió esta noche a los nuevos magistrados propietarios de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de haber aprobado un dictamen que significó la destitución de magistrados suplentes y propietarios de la anterior Sala.
El pleno del legislativo aprobó el nombramiento de Héctor Nahum Martínez, José Ángel Pérez Chacón, Elsy Dueñas, Luis Javier Suárez Magaña y Oscar Alberto López Jerez como nuevos magistrados propietarios de Sala de lo Constitucional. Los elegidos fueron propuestos por el diputado de Nuevas Ideas, Christian Guevara. López Jerez fue designado y juramentado como presidente de la Sala de lo Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Previo a esta elección, el parlamento salvadoreño destituyó mediante una votación nominal y pública a los cinco magistrados propietarios de la Sala de lo Constitucional y sus cinco suplentes, a quienes señalaron de emitir una serie de resoluciones que pusieron en peligro la vida de la población durante el punto más complicado de la pandemia provocada por la COVID-19.
Durante la sesión plenaria, la solicitud fue presentada por Suecy Callejas, vicepresidenta del Legislativo y diputada de Nuevas Ideas. Con esta aprobación, los magistrados magistrados propietarios Armando Pineda, Aldo Cáder, Carlos Avilés, Carlos Sánchez y Marina Marenco de Torrento, y sus cinco suplentes: José Cristóbal Reyes Sánchez, Jorge Alfonso Quinteros Hernández, José Luis Lovo Castelar y Sonia Elizabeth Cortez de Madriz han sido destituidos de dicha institución del Órgano Judicial.
Según lo descrito en la pieza de correspondencia, «la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema Legislativa (CSJ), actuó de forma ilegal durante pandemia del COVID-19, tergiversando la Constitución a través de sentencias de inconstitucionalidad. Los magistrados fallaron en favor de la actividad lucrativa de las empresas, dejando en segundo plano la vida humana, a pesar de ser este el derecho fundamental del cual emanan el resto de derechos constitucionales».
De igual manera la pieza describió que «la vida como principal valor jurídico, fue minimizada por las sentencias de la Sala de lo Constitucional, a pesar de que El Salvador -al igual que el resto del mundo-, se encontraba en la pandemia más grande en los últimos 100 años, poniendo en riesgo inminente la salud de los salvadoreños».