Durante la primera sesión plenaria de la Asamblea Legislativa para el período 2021-2024, el pleno legislativo aprobó un dictamen favorable para la destitución del fiscal general de la República, Raúl Melara, asegurando que su elección presentó vicios de inconstitucionalidad debido a la vinculación material de Melara con el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
El dictamen fue aprobado con 64 votos a favor y 7 votos en contra. El grupo parlamentario del partido ARENA no participó en la votación para destituir a Melara de la dirección de la Fiscalía General de la República (FGR). Los partidos FMLN, Vamos y Nuestro Tiempo tampoco aprobaron la iniciativa.
La medida para la destitución de Melara fue propuesta por el diputado Jorge Castro, del partido Nuevas Ideas y, con 64 votos, se aprobó la dispensa de trámite para estudiar la medida. Numan Pompilio Salgado, diputado de GANA leyó la pieza en la que se explica que el fiscal ha desempeñado el cargo pese a no ser imparcial en sus funciones.
El dictamen señaló que Melara ha reflejado actuaciones con fuertes y evidentes motivaciones políticas. De igual manera, el escrito hace referencia a las vinculaciones materiales de Melara con el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), situación que pone su elección en contra de los artículos 192 y 167 de la Constitución de la República, el cual señala que los funcionarios de segundo grado no pueden tener vínculos materiales con partidos políticos.
De igual forma, el dictamen estableció que existe prueba documental recabada por la organización civil Acción Ciudadana, en la cual se sitúa a Melara como financista del partido ARENA en el año 2014, información que fue obtenida del mismo sitio oficial del partido de derecha, con lo cual se prueba el vínculo material con un partido político el cual lo inhabilita para desempeñarse como fiscal general del Estado.
«Basta revisar el listado de financistas privados de ARENA del año 2014, obtenidos del sitio oficial, donde aparece el ahora fiscal general de la República. El mismo pueblo salvadoreño ha sido testigo de como Raúl Melara participa activamente como miembro de ARENA», sentencia el documento.
Melara fue elegido fiscal general el pasado 21 de diciembre de 2018, en una elección que fue ampliamente criticada debido a las irregularidades que se presentaron en el proceso de elección que desarrolló la anterior Asamblea Legislativa. Además, Melara fungió como asesor jurídico del excandidato presidencial del partido ARENA, Carlos Calleja, por lo que varios analistas constitucionales calificaron su elección como inconstitucional.
Esta misma noche, el parlamento salvadoreño destituyó mediante una votación nominal y pública a los cinco magistrados propietarios de la Sala de lo Constitucional y sus cinco suplentes, a quienes señalaron de emitir una serie de resoluciones que pusieron en peligro la vida de la población durante el punto más complicado de la pandemia provocada por la COVID-19.
Según lo descrito en la pieza de correspondencia, «la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema Legislativa (CSJ), actuó de forma ilegal durante pandemia del COVID-19, tergiversando la Constitución a través de sentencias de inconstitucionalidad. Los magistrados fallaron en favor de la actividad lucrativa de las empresas, dejando en segundo plano la vida humana, a pesar de ser este el derecho fundamental del cual emanan el resto de derechos constitucionales».
De igual manera la pieza describió que «la vida como principal valor jurídico, fue minimizada por las sentencias de la Sala de lo Constitucional, a pesar de que El Salvador -al igual que el resto del mundo-, se encontraba en la pandemia más grande en los últimos 100 años, poniendo en riesgo inminente la salud de los salvadoreños».