La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap) es el marco normativo base en El Salvador para la contratación y asignación de obras, consultorías y servicios acordados o pagados con fondos públicos.
En términos prácticos, toda persona natural o jurídica que ejecute una obra o brinde un servicio para una institución pública, o que se pague con recursos de los salvadoreños, estará obliga da a someterse al concurso de licitación para la adjudicación del proyecto.
El artículo 2 de la Lacap mandata a quiénes están sujetos a dicha normativa, mientras que el artículo 4 plantea las excepciones respectivas.
Según registros de la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga la asignación de fondos a ONG desde 2011 hasta 2020 (cuatro legisla turas), ese órgano de Estado, por medio del Ministerio de Educación (Mined), le adjudicó ininterrumpidamente fondos a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) por un total de $30.2 millones.
De forma discrecional, la Asamblea Legislativa erogó fondos del presupuesto general del Estado a múltiples ONG, muchas de ellas vinculadas a diputados de ARENA y del FMLN y a otros funcionarios en turno al momento de la entrega de los recursos, algunos de ellos incluso eran fundadores de estas.
En el caso de la UCA, los proyectos financiados incluyeron la elaboración del instrumento de la Prueba de Aptitudes y Aprendizajes para Egresados de Educación Media (PAES), la impresión de papeletas y el procesamiento, la tabulación y el ordenamiento de los resultados durante varios años.
Además, se le asignaron fondos para la capacitación y formación de docentes del Mined en diferentes niveles. De haberse apegado a la Lacap, Educación debió someter a concurso todos los proyectos y, con base en las ofertas recibidas, determinar a qué institución le adjudicaba su ejecución para erogar los fondos.
Al respecto, la presidenta de la comisión especial, Alexia Rivas, ha expresado que no se han encontrado registros de las licitaciones ni del proceso que siguió la cartera de Educación en esos años para determinar que la UCA fue la institución que presentó la mejor oferta.
«En el caso de la UCA, no se tiene un registro del proceso de adjudicación ni por qué se decidió entregarle los recursos directamente sin ir al concurso, en el que otras universidades u organizaciones podrían haber licitado», explicó la legisladora.
La comisión especial citó al rector de la UCA, Andreu Oliva, para que respondiera sobre la erogación de los fon dos a ese centro de estudios. Oliva mencionó, en un primer momento, que la universidad solo se relacionó con Educación en lo concerniente a la PAES; sin embargo, terminó aceptando que se recibieron fondos para otro tipo de proyectos, que incluyó la capacitación de 18,000 docentes.
Según Alexia Rivas, la falta de registros sobre la adjudicación de proyectos a la UCA imposibilitó comprobar que estos se completaron. «Esta Asamblea nunca pudo super visar, monitorear ni comprobar qué proyectos, como la capacitación a docentes, se ejecutaron, porque no había ningún plan. Era asignar fondos sin supervisión», mencionó.
Para la legisladora, posiblemente pudieron cometerse algunos delitos con la inobservacia de la Lacap y con la falta de apego a los procedimientos estipulados al otorgar proyectos y erogarle recursos a la UCA.
Tras la comparecencia de Oliva ante la comisión, la oposición política trató de desviar la atención sobre la investigación al afirmar que se atacaba a la institución educativa, pero los diputados explicaron que se busca aclarar el uso que se le dio al dinero del erario.
UCA recibió recursos, pero se desliga de la falta de mejoras en la educación pública
La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) recibió fondos para capacitar a docentes del Ministerio de Educación (Mined).
El rector de ese centro de estudios, Andreu Oliva, afirmó ante la comisión especial de la Asamblea que investiga la asignción presupuestaria que no podían incidir en mejorar o no la calidad educativa, ya que esa era una potestad del ministerio.
«El Ministerio de Educación era el que tenía el presupuesto, era su responsabilidad hacer las mejoras. Nosotros dijimos que había que invertir», expresó Oliva en su citatorio ante la comisión.
Según registros de la referida comisión, la UCA recibió en 2011 un poco más de $1.1 millones por la especialización de docentes de tercer ciclo y bachillerato.
El titular de la UCA puntualizó que 18,000 docentes fueron capacitados por la institución en Lengua je y Literatura, Matemáticas, Ciencias Naturales y Estudios Sociales. Con base en estas declaraciones, la universidad pudo haber incidido de forma directa en mejorar la educación pública de El Salvador al otorgar más herramientas pedagógicas, pero Oliva se desligó de esa responsabilidad.
