Un comando atacó a balazos la sede del diario El Debate en la ciudad mexicana de Culiacán (noroeste), sacudida por una guerra entre facciones del cártel de Sinaloa, informaron este viernes las autoridades, que no reportaron víctimas.
La lucha entre ambos grupos ha provocado la muerte de casi dos centenares de personas en el estado de Sinaloa desde comienzos de septiembre, seis de ellos el jueves en medio de una nueva jornada violenta que incluyó el ataque al periódico.
Este viernes, además, un hombre dejó una pistola de juguete en las oficinas del diario en la localidad de Guasave.
Se trata de «un atentado a la libertad de expresión», dijo el viernes a periodistas el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, quien ordenó reforzar la presencia policial en la sede del rotativo, que se publica hace 70 años.
México es considerado por organizaciones de prensa como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, con unos 150 comunicadores asesinados desde el año 2000.
Bajo la amenaza generalizada del crimen organizado, los periodistas de Sinaloa desarrollan sus actividades en condiciones de seguridad extremas.
Las acciones del jueves incluyeron además bloqueos de vías e incendios de vehículos.
La guerra en Sinaloa se desató tras el arresto, el 25 de julio en Nuevo México (Estados Unidos), del cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael «El Mayo» Zambada, quien afirmó que había sido secuestrado en México y entregado a oficiales estadounidenses contra su voluntad.
Zambada, de 76 años, fue detenido junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán, quien cumple cadena perpetua en Estados Unidos. El heredero de «El Chapo» habría entregado a Zambada en busca de beneficios judiciales para él y un hermano preso en ese país.
La confrontación en Sinaloa involucra a pistoleros leales a «El Chapo» y sus hijos contra aliados de Zambada, quien se declaró inocente de una serie de cargos en un tribunal de Nueva York el mes pasado.
Este viernes, Zambada compareció de nuevo ante dicha corte, donde se anunció que es elegible a la pena de muerte al haber sido detenido en territorio estadounidense, aunque serán las máximas autoridades judiciales las que deben decidir si lo autorizan.