Las extensas jornadas de investigación efectuadas por fiscales y policías han dejado como resultado la desarticulación de, al menos, 26 estructuras de crimen organizado en sus diferentes modalidades: hurto y estafa por medios informáticos, contrabando, pornografía infantil, falsificación de dinero, entre otras formas de delinquir.
Según registros de la Fiscalía General de la República (FGR), mediante operativos sorpresa fueron desbaratadas redes delincuenciales en las que hubo allanamientos en los que se decomisó drogas, armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo (además billetes falsos), intimaciones o notificación de nuevos delitos a convictos y, cerca de 300 capturas durante el período comprendido del 24 de abril al 18 de julio de 2024.
En uno de los casos, las autoridades arrestaron a 30 personas vinculadas con la falsificación de billetes de $20 que producían y distribuían en compras que no superaban los $5.
Uno de los sospechosos es señalado de ser cabecilla de esta red de falsificación, José Alejandro Portillo Salgado quien fue interceptado en su vivienda situada en el distrito de El Paisnal, municipio de San Salvador Norte, donde la Policía decomisó seis computadoras, impresoras, dos vehículos, dos armas de fuego, una motocicleta y $2,015 en efectivo.
También fue incautada gran cantidad de hojas impresas con la denominación de $20 que estaban listas ser cortadas para luego ser introducidas como moneda legal en actividades comerciales.
El operativo abarcó Apopa, Cuscatancingo, San Martín, San Marcos, Guazapa, Ciudad Delgado, Panchimalco, Quezaltepeque, San Juan Opico y Ciudad Arce.
GOLPE A PEDÓFILOS, ESTAFADORES Y CONTRABANDISTAS
Y tras emitirse una alerta regional sobre la operatividad de una red de pedofilia internacional, las autoridades salvadoreñas arrestaron a tres hombres señalados de utilizar niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad para elaborar pornografía, adquirir o poseer este tipo de material.
Los señalados por la Fiscalía son: Carlos Ulises Alvarado Iraheta, capturado en Zacatecoluca; Nicolás Alexander Martínez López (Chalatenango) y Maximus Alessandro Sibrián Chicas (La Libertad). La red de pedofilia ha sido ubicada en la ciudad de Pretoria, en Sudáfrica, con nexos criminales en Centroamérica y otras naciones.
En otro caso, la Fiscalía giró 17 órdenes de captura contra una banda de estafadores informáticos que efectuaban transferencias bancarias de las víctimas hacia cuentas personales que estaban registradas a nombre de terceros. El perjuicio es contra 12 personas por más de $55,000.
Las investigaciones establecieron que los delincuentes enviaban mensajes a celulares o llamaban a las víctimas haciéndose pasar por empleados de bancos y, mediante enlaces engañosos enviados a correos electrónicos, sustraían dinero de cuentas bancarias ajenas. La Fiscalía allanó viviendas en Cojutepeque, Ahuachapán, Apopa, Cuscatancingo, Ciudad Delgado, Ayutuxtepeque, Juayúa, Acajutla, Ciudad Arce y Soyapango donde incautó celulares, computadoras y documentación.
Otra investigación dejó como resultado la detención de 84 contrabandistas de cigarros en operativo realizado en San Salvador, Metapán, Santa Ana, Ahuachapán, Chalatenango, Santa Rosa de Lima y Pasaquina.
La investigación se prolongó por más de un año para individualizar a cada integrante de esta banda criminal, a la cual le imputan evasión de impuestos por un monto de $2,229,499. Su forma de operar es que utilizaban camiones y vehículos para ingresar de forma ilegal paquetes de cigarros al país de cargamentos provenientes de Guatemala y Honduras.
El 18 de julio, la Fiscalía giró 163 órdenes de captura contra una estructura transnacional integrada por 87 personas entre salvadoreños y colombianos señalados de movilizar en el sistema financiero dinero obtenido de forma ilícita para luego invertirlo en negocios fraudulentos, por lo que son acusados de lavado, agrupaciones ilícitas y otros delitos. Esta organización criminal se mantuvo delinquiendo en el país desde 2020.
Según la Fiscalía, estas personas ligadas a la estructura Gota a Gota, lavaron unos $20 millones, para lo cual utilizaban cuentas de salvadoreños para remesar el dinero obtenido de forma ilícita, como estafas informáticas, supuestos préstamos y extorsionando a sus «clientes».
