El Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó un informe esta semana en el que revela que ya tiene acuerdos preliminares con el Gobierno del presidente Nayib Bukele para impulsar la estabilidad y la prosperidad de El Salvador, en beneficio de toda la población.
En un mundo globalizado, los acuerdos entre los gobiernos y los organismos multilaterales representan todo un despliegue de diplomacia y buena administración pública. No se trata de aceptar todas las condiciones, porque muchas, y la historia así lo ha demostrado, implican una serie de medidas contrarias al bienestar de los ciudadanos.
Un buen Gobierno, como el del presidente Bukele, busca cumplir estándares financieros internacionales, pero sin descuidar las condiciones de vida de la población.
El FMI anunció en ese informe que hay acuerdos preliminares para mejorar el balance de la deuda pública, lo que significa que habrá esfuerzos de parte del Gobierno para hacer un uso aún más eficiente de los recursos.
Ya el Gobierno del presidente Bukele lanzó una guerra contra la corrupción, la cual ha permitido enviar a prisión a políticos de diverso signo ideológico —e incluso a algunos de su propio partido—, pero también el organismo multilateral sostiene que se prepara una nueva ofensiva a través de «propuestas legislativas para abordar la corrupción, las vulnerabilidades en materia de blanqueo de dinero y las deficiencias de los marcos de contratación pública».
Se trata de mejorar las políticas ya existentes y ponerlas a la par o superar estándares internacionales. Esto ha significado un trabajo inmenso, dado que el Estado salvadoreño fue tomado durante las últimas décadas por ARENA-FMLN, políticos que hicieron del servicio público una fuente para enriquecerse y para financiar sus organizaciones políticas.
El Fondo Monetario Internacional adelanta su intención de apoyar al país en un programa centrado en políticas para fortalecer las finanzas públicas, reforzar las reservas bancarias, mejorar la gobernanza y la transparencia y «mitigar los riesgos del bitcóin».
Sobre esto último cabe recalcar que reconocen que los grandes temores del FMI sobre el uso de la criptomoneda, que tiene curso legal en El Salvador, no tuvieron fundamento y no se han materializado. Lejos queda la posición original del Fondo de oponerse tajantemente al bitcóin.
El presidente Bukele anunció en su investidura pasada que en su segundo mandato la prioridad será el crecimiento económico, una vez superado el problema de la inseguridad. Y estos acuerdos preliminares con el FMI muestran que se está avanzando hacia ese objetivo.
