El presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, reconoce que El Salvador se ha convertido en un ejemplo en la región centroamericana con su apuesta de financiamiento a pequeñas y medianas empresas para crear oportunidades para los salvadoreños y prevenir la migración irregular.
El éxito de la estrategia está reflejado en las cifras de detenciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, en inglés) desde el año fiscal [1.º de octubre al 30 de septiembre] de 2020 a la fecha, dijo Mossi.
Mossi destacó así «el caso positivo«» de El Salvador, «que toma muchos recursos intermediados y tiene poca migración». Lo contrastó con el ejemplo de Nicaragua, donde «hay menos fuentes de financiamiento, [y] tiene una tendencia al alza en migración».
La falta de oportunidades en Nicaragua provocó el arresto de 310,202 de sus ciudadanos en la frontera sur de Estados Unidos desde el año fiscal 2020 y hasta enero pasado. En tanto, 625,414 hondureños fueron aprehendidos y para el caso de Guatemala hubo 618,842 aprehensiones. En el mismo lapso fueron detenidos 233,097 salvadoreños.
«El número de migrantes en situación irregular detenidos en la frontera Sur de Estados Unidos es alarmante, hemos encontrado en el BCIE que el financiamiento a las pequeñas y medianas empresas provee oportunidades a los ciudadanos. El caso positivo que vemos es El Salvador, que toma muchos recursos intermediados y tiene poca migración, en cambio, Nicaragua donde hay menos fuentes de financiamiento, tiene una tendencia al aumento en migración», opinó Mossi en LinkedIn.
En abril de 2021, el BCIE aprobó el financiamiento «más grande en su historia» por $600 millones para la recuperación económica de El Salvador por la crisis ocasionada por la pandemia. El proyecto se amplió a 21,000 empresas y la creación de 100,000 empleos.
Desde el 18 de noviembre de 2022, la presidencia de Nayib Bukele comunicó que El Salvador ya no formaba parte del top de países con mayor migración irregular hacia Estados Unidos, no solo por las iniciativas de entrega de capital semilla, capacitación a retornados, reintegración y empleo en el exterior a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Trabajo, sino por el cambio en la seguridad pública con el Plan Control Territorial y el régimen de excepción para combatir a las pandillas.
El régimen cumplirá su primer año a finales de marzo.
Además, la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Mariella Portal, destaca que el Gobierno ahora implementa un enfoque de respeto y protección de los derechos humanos de los migrantes y sus familias, para erradicar las causas estructurales de la migración.
