El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el decreto «Buy American», una iniciativa que busca impulsar la compra de productos estadounidenses, siempre que sea factible, y que con ello se cierren las brechas de las exenciones que han sido por años denunciadas por medianos y pequeños empresarios.
El texto del decreto, firmado el 25 de enero, indica que la administración Biden busca que «el futuro de Estados Unidos sea hecho en Estados Unidos por todos los trabajadores estadounidenses».
«El Gobierno de Estados Unidos debería, siempre que sea posible, adquirir bienes, productos, materiales y servicios de fuentes que ayudarán a las empresas estadounidenses a competir en industrias estratégicas y ayudarán a los trabajadores estadounidenses a prosperar», refiere el memorando de la Casa Blanca.
La iniciativa sigue a la política de «America first» impulsada por el expresidente Donald Trump, que aplicó mayores aranceles a producciones extranjeras, sobre todo al hierro, aluminio y a manufacturas de origen chino, en una especie de vuelta de tuerca al proteccionismo de larga data en administraciones anteriores.
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Antecedente de la iniciativa
la Ley Buy American (BBA, por sus siglas en inglés), aprobada en 1933, al final del mandato del presidente Herbert Hoover, y que buscaba paliar la crisis de la Gran Depresión.
La ley favoreció la compra de productos nacionales por parte del gobierno federal, lo que también se conoce como contratación pública.
Según un informe de Coface, una consultora chilena con presencia en más de 70 países, para 2018 el total de medidas proteccionistas en el mundo era 2.5 veces mayor que en 2010, y en muchos países desarrollados como EE. UU., Japón, Australia o Canadá la proporción de las importaciones afectadas por las medidas proteccionistas «es mayor que la de las importaciones que se benefician de medidas favorables».
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¿Qué busca «Buy American»?
El mandato aspira a una política de adquisiciones «responsable y transparente». Visto así, «cada agencia debe conferir la autoridad de emisión de exenciones al liderazgo de la agencia superior, cuando sea apropiado y de acuerdo con la ley aplicable».
El decreto está destinado a cerrar las lagunas en las disposiciones existentes en esta meta de comprar productos estadounidenses, que estructuran los $600,000 millones en bienes y servicios que el gobierno federal compra cada año.
Incluso, esta semana fue creado un alto cargo que supervise el proceso en Casa Blanca. Las denominadas leyes «made in America» incluyen a otras que requieren preferencia nacional para el transporte marítimo, incluida la Ley de Marina Mercante de 1920 (Ley Pública 66-261), también conocida como Ley Jones.
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Es competencia de cada director de agencia considerar suspender, revisar o rescindir las acciones de la agencia que sean inconsistentes con la política ya establecida para la adquisición de productos nacionales.
La Voz de América solicitó comentarios a Emilio Morales, presidente y CEO de Havana Consulting Group, un equipo con sede en Miami, Florida, especializado en planeación estratégica de mercado.
Morales afirma: «Esta es una medida que da continuidad a la política que comenzó el expresidente Donald Trump, que consiste en estimular la economía norteamericana desde adentro, generando empleo en el país y haciendo regresar a nuestras empresas que por muchos años se radicaron en el exterior».
«Joe Biden quiere lograr una rápida recuperación de la economía norteamericana generando miles de empleos en un momento que el país tanto lo necesita, de paso envía un mensaje a China de que el camino y la línea trazada por el expresidente Trump es la ruta a seguir»,
vaticinó también Morales en su análisis.
Ley de compra interna
Las nuevas disposiciones disposiciones podrían irritar a aliados y socios estratégicos de Estados Unidos, como Canadá o los países europeos, que ya estimaban que las disposiciones de esa legislación impedían a sus empresas acceder a ciertas licitaciones.
