Boris Solórzano vivió en carne propia los abusos de los burós crediticios. En 2000 buscó obtener un crédito bancario, pero su nombre aparecía en el listado de clientes insolventes, a pesar de que ya había cancelado una deuda contraída en 1998. Buscó, con su finiquito en mano, la explicación en el buró que lo tenía en dicha lista, pero no fue recibido, ni muchos menos escuchado.
«No le podemos dar el crédito. Usted aparece con una mora histórica en Dicom», recordó Solórzano que le dijo la empleada del banco cuando llegó a solicitar el crédito.
Tras la negativa, fue a Dicom con su finiquito a pedir explicaciones. «Toqué el timbre y nadie me atendió. Un vigilante se asomó y desde el interior me preguntó qué quería. No me atendieron, ni la puerta me abrieron».
Sin la solicitud de crédito avalada y con la indiferencia mostrada por el buró, Solórzano regresó a su casa. Indagó que en Brasil existía el «habeas data» y en España había una norma de protección de datos de carácter personal.
Al saber de la existencia de estas figuras judiciales en Brasil y España, comenzó a construir su propia estrategia para salir de la lista de morosos, pero no estaba seguro, pues la institucionalidad del Estado salvadoreño en estos casos amparaba más a las empresas que a los clientes.
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«Tengo que limpiar mi crédito, pero cómo hago si la Defensoría del Consumidor y la Superintendencia del Sistema Financiero están del lado de Dicom», se lamentó. Luego pensó en buscar un amparo mediante la Sala de lo Constitucional.
En el amparo Solórzano narró: «Dicom no me quería sacar de su base de datos, negándose con ello a actualizar el sistema para que yo pueda sacar mi crédito. No existía ningún derecho».
Su lucha jurídica valió la pena: la Sala le admitió el amparo, dictó una medida cautelar a su favor y le ordenó a Dicom que lo borrara de la base de datos. «Pasaron cuatro años. Tuve que meter el amparo y que ellos suspendieran el acto reclamado para obtener el crédito», dijo.
La Sala en su sentencia final, emitida en 2004, reconoció el derecho a la protección de los datos personales de todos los salvadoreños, así como la garantía del «habeas data». Solórzano dijo que tuvo conocimiento de que grupos de poder y el Gobierno de turno presionaron para que este fallo no se emitiera a su favor.
También presentó en 2012 ante la Sala de lo Constitucional otra demanda contra Dicom para proteger los intereses difusos de los salvadoreños.
«También la gané y se mejoró la jurisprudencia al proteger la seguridad jurídica que tiene una persona, pues su información ya no será comercializada sin su consentimiento», valoró.
