Sandra Martínez lidera el trabajo de la comisión «ad hoc» de la Asamblea Legislativa, que ayer escuchó las valoraciones de 10 carteras del Estado —incluidas CEL, MOP y ANDA— en relación con el anteproyecto de la ley general de recursos hídricos que fue propuesto por el Ejecutivo el 18 de junio pasado. Con la jornada de ayer, la comisión concluyó una fase amplia de consultas públicas, que inició el jueves 15 de julio y que abarcó a diferentes sectores de la población como universidades, iglesias, empresarios y colectivos feministas. Martínez explicó que luego de la fase de consultas iniciará el estudio del «articulado» de la normativa junto con las recomendaciones y sugerencias presentadas por los distintos sectores sociales.
¿Por qué es importante la ley general de recursos hídricos?
No se trata de discutir la titularidad, el dominio y el control de las aguas y el recurso hídrico. En El Salvador lo que tenemos que hacer es construir el marco legal para normar el recurso hídrico y hacer que nos dure más tiempo este bien, que por ley debe ser público y común. Esto, dentro del derecho, le da al ser humano el derecho fundamental al agua con su uso, aprovechamiento y saneamiento. Ningún salvadoreño debe padecer falta de agua por no tener dinero. Este proyecto de ley trata, además del agua, las cuencas, los mantos acuíferos, las aguas superficiales, para que tengan una mayor duración en el tiempo y tengamos una mejor calidad de agua.
¿Qué debe regular esta norma?
Esta ley da el derecho humano al agua y saneamiento, así como crea el ente rector para la gestión integrada del recurso hídrico con carácter autónomo. La legislación también regulará el uso del agua, los cánones, el régimen financiero y el régimen sancionatorio. Es importante el uso y la conservación del agua. La ley tiene tres palabras bien importantes: el uso, el aprovechamiento y el saneamiento del agua. También hay que educar a las personas para prevenir la escasez y la contaminación. Además, regulará la zonificación hídrica y desarrolla la política, planificación, sistema de información sobre el registro nacional de los recursos hídricos. Asimismo, la utilización del dominio público hidráulico y la protección y conservación de los recursos hídricos.
¿Llega tarde esta legislación?
No es que llega tarde. La situación es que nos ha causado una serie de problemas por no tenerla. No contar con normativa nos lleva a funciones dispersas de instituciones públicas, vacíos de mandatos de derecho humano al agua, sobreexplotación de las fuentes de aguas superficiales y subterráneas y a no tener un control del aprovechamiento del agua. Además, al no tener una norma no hay regulación para usuarios industriales, regantes y privados, no hay programa para construir infraestructura hidráulica de multipropósito, hay una deficiente distribución del agua en todo el territorio y no hay normativa para la atención de las cuencas transfronterizas.
Esas son consecuencias por falta de una legislación. ¿Cuáles serán los beneficios de su aprobación?
El país avanza en la seguridad hídrica, cantidad y calidad. Se mejorará el control de las aguas residuales y mejorará la calidad del agua de los ríos, se reducirían costos en el tratamiento del agua para la disponibilidad de usuarios privados y para consumo humano, se toman medidas para la adaptación al cambio climático por los efectos en el agua, habrá más eficiencia en el riego, entre otros. Buscamos que el recurso hídrico llegue hasta el último rincón del país si este es considerado un bien público y común. El agua no será privatizada.
¿Qué cree que privó para que en legislaturas pasadas no se aprobara?
Esta ley estuvo más de 15 años sin ser aprobada en la Asamblea Legislativa porque estaba bajo los intereses de aquellos poderes económicos que no querían que existiera una ley, y por eso tuvo tantos bloqueo y restricciones. Estos poderes económicos, además de evitar su estudio, hicieron que no se aprobara la ley. Eran puros intereses económicos fuertes. La Asamblea Legislativa conoció en 2006 una primera propuesta sobre la ley del agua. Desde entonces, legislatura tras legislatura, el tema no avanzaba. Así, en 2007, los movimientos sociales presentaron la propuesta denominada Subsector de Agua Potable y Saneamiento. En 2011, el Foro del Agua actualiza su propuesta incorporando otros elementos. En 2012, el Gobierno y organizaciones sociales presentan en la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley general de aguas. En 2013 se incorpora al congreso un nuevo anteproyecto de ley por parte de la Asociación de Regantes de Atiocoyo con asesoría de Fusades. Y para 2014-2015 el Gobierno y la ANEP redactan un documento de carácter técnico, pero este nunca llegó a la Asamblea Legislativa ni tampoco fue un documento oficial.
Tampoco se concretó una reforma a la Constitución relacionada con el tema del agua.
Paralelamente, en la Asamblea Legislativa está en debate una reforma constitucional que abordaba el tema del agua. En el congreso estaba el tema del derecho humano al agua, pues había una reforma a la Constitución que había sido aprobada en el período 2009-2012; sin embargo, esta reforma constitucional no fue ratificada en la siguiente legislatura 2012-2015 y no se pudo incorporar al texto de la Constitución. El derecho a que el agua fuera reconocido como derecho humano fue truncado.
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¿Cómo avanza el proceso de consulta ciudadana al interior de la comisión?
Esta comisión «ad hoc» pretende ser consultiva, a fin de poder escuchar a todos los sectores involucrados con el tema, como lo son el sector académico, la sociedad civil, el sector privado, iglesias, agricultores, entre otros. Ya participaron en el proceso de consulta la academia, el sector privado, las iglesias y foros del agua. Hemos tenido muchos puntos en común y ellos quieren que se les ponga atención. Los aportes se van a tomar en cuenta en el proyecto. El agua es un tema amplio y pretendemos normar y regular para su conservación. El proceso continúa y buscamos una ley integral. Este proceso nos llena de mucha satisfacción. Vamos a beneficiar con una buena ley a El Salvador.
¿Qué viene después de esta consulta ciudadana?
Luego del proceso de consultas, la comisión «ad hoc» trabajará durante seis semanas en el articulado de la normativa que será llevada al plenario para su discusión y aprobación. Estas sesiones de trabajo también serán abiertas al público. No tenemos nada escondido. La comisión, durante este proceso, se hará acompañar de expertos y representantes de instituciones. La legislación internacional también será de gran aporte en este proceso. Los tiempos para la aprobación de esta normativa se van a cumplir. Vamos a tener una buena ley, consensuada con la población y que va a responder a los intereses del pueblo. En esta mesa estamos para escuchar a todos los sectores. Es una comisión abierta y sumamente consultiva. Quiero dejar algo bien claro: el hecho de que escuchemos a la empresa privada no quiere decir que vamos a privatizar el recurso. El agua para consumo humano goza de prioridad y, con ello, nosotros estamos reconociendo el derecho humano al agua antes que a otro uso. Vamos a potenciar e impulsar los grandes cambios que la protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente y recursos naturales demanden.
Habrá un ente regulador para el tema del agua. ¿Cómo estará conformado?
Vamos a crear la autoridad salvadoreña del agua [ASA]. Esta institución normará, regulará y administrará el recurso hídrico a escala nacional. Estará conformada por un presidente con su respectiva junta directiva. Su representación abarcará al Gobierno, la academia, representantes de la sociedad civil y de organizaciones relacionadas con el manejo y saneamiento del agua.
¿Y la ANDA cómo queda?
ANDA está dentro de esta institución [ASA]. Es una institución autónoma que estará adscrita a esta entidad. Recuerde que la ANDA ya tiene una estructura de manejo y conservación del recurso hídrico. Ellos serán adscritos a la nueva institución.