El anuncio que hizo el segundo gobierno del FMLN, dirigido por el ahora prófugo Salvador Sánchez Cerén, de construir un «by-pass» en la entrada de la ciudad de San Miguel (ahora periférico Gerardo Barrios) se quedó solo en la intención de entregarle a la zona oriental del país una moderna obra de infraestructura vial plasmada en papeles, en la mente de la población y, sobre todo, como gancho para los intereses electorales de esa fuerza política sumida hoy en casos de corrupción y crisis interna.
El «Proyecto de construcción del “bypass” en la ciudad de San Miguel» tuvo un financiamiento de $122,579,075.43 otorgados por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA).
El contrato de préstamo entre el Gobierno salvadoreño y la JICA fue suscrito el 20 de agosto de 2014, previa autorización otorgada por la Asamblea Legislativa el 12 de junio de 2014.
A mediados de julio de ese mismo año, el entonces canciller, Hugo Martínez, y la embajada de Japón en El Salvador firmaron el canje de notas para materializar el financiamiento.
El 30 de abril de 2015, en el ocaso de la Asamblea Legislativa del período 2012-2015, este órgano de Estado, con los votos de 80 de sus 84 diputados, aprobó el crédito para la tan publicitada obra vial, que solo fue el gancho políticoelectoral, pues nunca se inició la construcción.
Sánchez Cerén sancionó el decreto que fue publicado el 5 de mayo en el «Diario Oficial», es decir, cinco días después de haber sido respaldado por la casi unanimidad de diputados en el parlamento. El decreto es ley de la república desde ese mismo día.
«Art. 1. Apruébase el contrato de préstamo N.º ES-P6, suscrito el 20 de agosto de 2014 con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), por un monto de hasta doce mil quinientos noventa y cinco millones de yenes japoneses (¥12,595,000,000.00), equivalentes aproximadamente a ciento veintidós millones quinientos setenta y nueve mil setenta y cinco 43/100 dólares de los Estados Unidos de América ($122,579,075.43), que serán utilizados para financiar el “Proyecto de construcción del ‘by-pass’ en la ciudad de San Miguel”», dice el primer artículo del decreto.
El segundo está relacionado con la vigencia, que es a partir de la fecha de su publicación en el «Diario Oficial».
El entonces ministro de Obras Públicas, ahora también prófugo de la justicia, Gerson Martínez, acudió al Salón Azul del congreso a escuchar el debate de los diputados del FMLN que vieron en la obra la esperanza de llevar desarrollo económico y mejoría vial a la zona oriental del país.
Martínez ya había presentado las descripciones técnicas del proyecto y los beneficios que este llevaría a los habitantes de La Unión, Morazán, San Miguel y Usulután. Construyó en su mente una moderna infraestructura vial que en el papel tenía una longitud de 21 kilómetros, que partían desde el desvío de Moncagua y llegaban hasta el cantón Hato Nuevo, en la ciudad de San Miguel.
Esa obra —se jactaba Martínez— acortaría tiempos, mejoraría la seguridad vial y llevaría desarrollo económico a los departamentos de la zona oriental, un área geográfica históricamente olvidada por administraciones pasadas.
Sánchez Cerén terminó su mandato en 2019 y la obra nunca arrancó.
Quedó evidenciado que solo fue utilizada por el FMLN como un medio de propaganda para ganar votos de cara a jornadas electorales para elegir a alcaldes, diputados y al presidente de la república.
Entre 2015 y 2019, El Salvador tuvo dos jornadas electorales para escoger gobiernos municipales y diputados de la Asamblea Legislativa (períodos 2015-2018 y 2018-2021). Asimismo, en 2019 hubo una elección presidencial.
El uso político-electorero del proyecto del «by-pass» lo dejó plasmado a finales de julio de 2018 el alcalde del FMLN en San Miguel, Miguel Pereira, quien escribió en Twitter que el proyecto comenzaría a ejecutarse a finales de ese año.
«La primera piedra para el “by-pass” de San Miguel se colocará en diciembre. Este proyecto beneficiará a miles de personas que por años han esperado su ejecución», escribió Pereira en la red social.
Para entonces, diciembre de 2018, era época electoral y el FMLN hacía campaña buscando retener el Ejecutivo con su candidato Hugo Martínez, quien en julio de 2015 había firmado el canje de notas con la embajada de Japón para concretar el financiamiento del «by-pass» migueleño.
Con la no realización de la obra también llegó otro problema: las condiciones bajo las cuales se aprobó el financiamiento ya no son las mismas.
Moisés Cabrera, director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, dejó claro esto el pasado lunes, cuando llegó a la comisión de hacienda de la Asamblea.
«Desde la aprobación de ese financiamiento hasta la fecha diversos factores han conllevado a incrementar el monto de los recursos necesarios para la ejecución de este», les advirtió Cabrera a los legisladores.
El funcionario explicó que entre estos factores están «las fluctuaciones del tipo de cambio del yen japonés con respecto al dólar y la actualización del diseño, que incluye obras complementarias a fin de atender la creciente demanda vehicular y, sobre todo, mejorar la seguridad de los usuarios, además de la conectividad de la zona».
Cabrera aseguró que para la ejecución de estas intervenciones adicionales, derivadas de la no ejecución en tiempo del proyecto, ahora se requiere un financiamiento por $51.4 millones para la implementación dentro de la fase II del «by-pass».
El presidente Nayib Bukele inauguró a finales de octubre de 2021 el primer paquete del periférico Gerardo Barrios, saldando con ello una deuda histórica dejada por los gobiernos efemelenistas.
La importante obra consiste en la ampliación de 3.4 kilómetros de carretera desde el desvío a Moncagua hasta El Obrajuelo, en Quelepa.
Además, dos rotondas en los desvíos hacia los municipios de Moncagua y San Jorge, así como accesos pavimentados, accesos vehiculares, paradas de autobuses, ciclovías, entre otros.
El Gobierno actual trabaja en la nueva etapa de la siguiente fase, que consiste en la construcción de un paso a desnivel, el primero en la zona oriental del país, que estará en el municipio de Quelepa, San Miguel, y que permitirá el ingreso a la carretera de 17 kilómetros que conectará la Ruta Militar hacia la frontera El Amatillo, en La Unión, y donde también se construyen dos puentes: uno sobre el río Grande y el otro sobre el río Taicihuat.
El FMLN, no obstante, sigue reclamando para sí la puesta en marcha de la obra en el oriente del país, la misma que solo utilizó para obtener beneficios electoreros como partido, pero de la que nunca inició la construcción, que quedó solo en el papel y en la mente de los funcionarios de Sánchez Cerén.