La aspirante a diputada por el partido Cambio Democrático (CD) por el departamento de San Salvador, Carmen Marchelly, aseguró que de ganar un escaño en la Asamblea Legislativa trabajará por impulsar leyes y reformas encaminadas al combate a la corrupción.
Marchelly dice que ha eleborado varias propuestas a partir de lo que le han expresado los ciudadanos durante sus recorridos por los 19 municipios de San Salvador. El combate al problema de la corrupción es una demanda urgente, expresó.
«Primero, reformar el Código Penal y Procesal Penal para que el delito de enriquecimiento ilícito no prescriba, y donde hay indicios, será la Fiscalía General de la República la que actuará de hecho cuando hayan señalamiento en contra de funcionarios», explicó.
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Otra propuesta encaminada a la elección de funcionarios de segundo grado (Corte Suprema de Justicia, Fiscal General, Tribunal Supremo Electoral, y otros) es que no deben de ser elegidos por la Asamblea Legislativa, indicó.
Marchelly dice que está convencida de esa propuesta que llevará a la próxima legislatura y es por una sencilla razón: «La Asamblea ha demostrado que da esos cargos a amigos, compadres, al mejor postor o a una cuota partidaria. Sino veamos al fiscal actual (Raúl Melara) ha salido en algunos fotos con el chaleco de ARENA».
Elegir funcionarios de esa forma, agregó, hace que estos no se deban a la población porque obdecen a intereses particulares.
«Mi propuesta es que se debe crear un ente conformado por la sociedad civil, la academia (universidades), representantes de las instituciones que tienen que ver con la función del funcionario que se va a elegir y, si se quiere, un representante de los partidos políticos», opinó.
En el paquete de propuestas que plantea la aspirante a también está la depuración del Sistema Judicial y una Ley de Transparencia Judicial. El ofrecimiento de Marchelly en ese tema es porque, por décadas dice, han existido jueces «comprados».
La aspirante lo ilustra con el caso del expresidente Elías Antonio Saca, quien fue condenado a 8 años de prisión por desviar cerca de 300 millones de dólares.
Planteó, además, revisar la normativa sobre delitos contra las mujeres, en donde la ley es permisible con condenas excarcelabres.
«No es posible que una mujer vaya a parar al hospital por 15 días después de ser agredida, y el sujeto responsable ande libre. Se deben endurecer las penas y los tribunales deben de ser más drásticos contra los agresores», aseguró.
