Las peticiones de inconstitucionalidad de las candidaturas para las próximas elecciones de seis políticos opositores; cinco de ARENA y uno del PDC, hechas por ciudadanos, quedaron a la deriva por la resolución emitida de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitida el pasado 16 de febrero.
La Sala dio como plazo 24 horas para que los demandantes aclararan si se agotaron o no las instancias correspondientes ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE): «aclare si el objeto de control fue previamente impugnado por algún ciudadano legitimado, en tiempo y forma, en la jurisdicción electoral, a través de los mecanismos previstos en el Código Electoral», señaló la Sala.
Los ciudadanos alegaron que los candidatos: Margarita Escobar, Carlos Norman Quijano y Carlos Reyes de ARENA; y Rodolfo Antonio Parker, por el PDC, no cumplen con el requisito de honradez que se exige en el artículo 126 de la Constitución de la República para poder optar a un cargo público de elección popular, ya que se enfatiza que todos han sido señalados en procesos de delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito, entre otros.
A un día de las elecciones, la Corte dijo que ha «recibido todos los escritos de prevención y está en estudio su contenido». Sin brindar más detalles de cuándo se resolverán.
Varios juristas señalaron que este “nuevo requisito”, que no necesario, lo único que logró fue retrasar las peticiones y blindar a los candidatos opositores para que participen en las elecciones de mañana.
Este nuevo procedimiento de análisis fue adverso a la admisión de una demanda de inconstitucionalidad contra la inscripción del ex candidato por Nuevas Ideas, Walter Araujo, quien también es procesado en un juzgado. Los magistrados no declararon inconstitucional la inscripción de Araujo, como pretendía la demandante Bertha María Deleón, pero sí admitieron la demanda y frenaron su candidatura.
TSE se desvinculó
Tras la sentencia de la Sala, la presidenta del TSE, Dora Esmeralda Martínez, se desvinculó de los trámites solicitados por el máximo tribunal al decir que la institución a su cargo ya había cerrado las inscripciones a diputaciones sin que tuvieran trámites pendientes.
La juez electoral señaló que en la demanda de inconstitucionalidad de Araujo «no hubo prevención y de una vez la Sala admitió la demanda» y mencionó que eso no ocurrió con los otros seis candidatos. El magistrado suplente, Abelardo Molina, indicó que la Sala no trató igual a todos los candidatos.
NORMAN QUIJANO
El candidato a diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) ha sido vinculado a negociaciones con grupos de pandillas y estructuras criminales para buscar apoyo para las elecciones presidenciales de 2014, en las que fue candidato por el partido de derecha.
Quijano fue llevado a un proceso de antejuicio en la Asamblea Legislativa para ser desaforado y enjuiciado por los pactos con pandillas. Sin embargo, el Legislativo [de mayoría opositora] lo absolvió en dicho proceso y no se lograron los votos para retirar el fuero legislativo.
CARLOS REYES
En el caso del actual diputado Reyes Ramos, diputado del partido ARENA, tiene un expediente abierto desde 2016 en la Sección de Probidad por su incremento patrimonial, que pasó de $850,000 a rondar los $1.7 millones en un periodo como diputado, entre 2012 y 2015.
Lo anterior hizo que fuera incluido en un listado funcionarios a los que Probidad investigaba por presuntos indicios de enriquecimiento ilícito. Reyes lleva 23 años como legislador y busca aferrarse a ese puesto por tres años más.
RODOLFO PARKER
Este diputado tiene 18 años dentro de la Asamblea fungiendo como diputado propietario por San Salvador. Parker reflejó en 2009 que su patrimonio era de $339,122.57, pero cinco periodos después, para el 2018, su riqueza disminuyó [curiosamente entre diputados] hasta $113,602 es decir, que perdió el 72% de sus riquezas desde que comenzó a legislar en el palacio azul.
La situación de Parker no es la misma para su esposa y sus tres hijos, ya que el patrimonio justificado del grupo familiar fue en incremento cada periodo mientras el de él reducía. En 2009 la familia de Parker reportaba $835,000 como patrimonio líquido y este pasó en tres años [a finales de 2012] a $2,343,810. El aumento de la riqueza familiar de Parker hizo que en 2017 fuera parte de los investigados por Probidad por presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, han pasado ya casi cuatro años y no hay avances en el proceso.
Parker ha sido señalado también de encubrir la masacre de los jesuitas durante el juicio en España contra el coronel retirado Inocente Orlando Montano, exviceministro de Seguridad Pública, quien fue condenado a 133 años de prisión en septiembre 2020. Además, investigaciones periodísticas lo han señalado de haber recibido sobornos por parte del expresidente y prófugo de la justicia, Mauricio Funes Cartagena, por hasta de $2 millones entre 2009 y 2014.
MARGARITA ESCOBAR
La diputada Escobar ha sido cuestionada por supuestamente haber recibido sobresueldos durante la administración del expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009). Escobar recibía $5,000 mensuales para totalizar $300,000 en cinco años.
El caso de la legisladora se suma a la larga lista de exfuncionarios del expresidente Saca [condenado a 10 años por lavado de dinero y apropiarse dinero del Estado], acusados de haber recibido sobresueldos, entre los que aceptaron estos señalamientos está el ex ministro de Seguridad Pública René Figueroa, y recientemente la ex primera dama, Ana Ligia, quien confesó recibió $600,000 sin ser empleada.
LAS CANDIDATURAS ADMITIDAS
El ministro de Trabajo, Rolando Castro había presentado demandas de inconstitucionalidad contra las candidaturas de Ernesto Muyshondt, a la alcaldía de San Salvador y, de Roberto d´Aubuisson del partido ARENA, aspirante a la comuna de Santa Tecla por tener procesos penales pendientes. Sin embargo, los cinco magistrados las declararon improcedentes.
ERNESTO MUYSHONDT
En el caso de Muyshondt se argumentó que está sujeto a medidas alternas a la detención provisional por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas en el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
Muyshondt es acusado de negociar con pandillas en las elecciones presidenciales de 2014 y en las elecciones legislativas y municipales de 2015, «para entregarles “[…] bienes económicos a sujetos que se dedican a delinquir”». Además, es acusado de apropiación o retención de cuotas laborales en el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador.
ROBERTO D´AUBUISSON
El candidato a la alcaldía de Santa Tecla, Roberto d´Aubuisson, es cuestionado por el incumplimiento de órdenes judiciales y por estar siendo procesado penalmente.
D´Aubuisson Munguía, como parte del Concejo Municipal de Santa Tecla y en su calidad de alcalde de dicho municipio, ha incumplido las órdenes de reinstalo de un grupo de trabajadores municipales y de pago a favor de los mismos, según el demandante.
