Los hondureños se agruparon el miércoles por la noche en la sede central del transporte de San Pedro Sula, la segunda ciudad del país, 180 km al norte de Tegucigalpa.
Aunque intentaron salir en ese momento, la policía bloqueó sus intentos debido al toque de queda que rige en el país desde las 9 de la noche a 5 de la madrugada para restringir los desplazamientos por la pandemia de COVID-19.
Con las primeras luces del día, los miembros de la caravana iniciaron la caminata este jueves hacia la frontera con Guatemala por el paso de Corinto, a unos 100 km de la terminal de transporte.
Deben atravesar Guatemala y México. Algunos grupos llevaban la bandera de Honduras y la mayoría estaba provista de mascarillas, exigidas como medida de prevención.
Según la convocatoria que se viraliza en las redes sociales, unas 3,000 personas tienen previsto encontrarse la noche del jueves en la terminal de buses de San Pedro Sula.
Desde allí planean salir al amanecer del viernes, ya sea por Corinto o por Agua Caliente, el otro punto fronterizo con Guatemala, que significa un recorrido de 260 km.
Los migrantes justifican el éxodo en la extrema pobreza y la falta de empleo, la violencia de las pandillas y narcotraficantes en su país y la crisis dejada por el paso de dos huracanes en noviembre.
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Un viaje «mortal»
Además guardan esperanzas de que Biden, quien asume la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero, sea más flexible con las normas migratorias que su antecesor Donald Trump, una posibilidad que ya ha sido rechazada por Washington.
«No pierdan su tiempo y dinero y no arriesguen su seguridad y salud», les recomendó en un comunicado el comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), Mark A. Morgan. Es un viaje «mortal», subrayó.
En los grupos de WhatsApp donde se han enlazado varios de los participantes, se intercambian opiniones, se dan ánimo y se comparten fotos de sus desplazamientos, rumbo al punto de encuentro marcado.
«Aquí está toda la gente, llegando ya a la gran central metropolitana» de buses, el punto de encuentro, dijo uno de los miembros. Se sugieren llevar agua, ir con zapatos cómodos e incluso llevar todos camisa blanca. Algunos preguntan si pueden viajar sin documentos o sin prueba de covid-19.
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Mientras tanto, la policía hondureña distribuyó a unos 7,000 agentes, para resguardar la seguridad en el trayecto de sus compatriotas hasta la frontera con Guatemala.
«El crimen organizado está promoviendo las caravanas. Es triste mirar a las familias desplazarse con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida y exponiéndose a caer en as manos de estos criminales», dijo a la prensa el jefe policial Julián Hernández.
Guatemala en alerta
Por su parte, Guatemala decretó este jueves un «estado de prevención» en siete de sus departamentos, que le permite disolver incluso «por la fuerza» aglomeraciones públicas, ante la inminente llegada de la caravana.
El acuerdo, publicado en la gaceta oficial, explica que esas regiones podrían verse afectadas en «el orden, la gobernabilidad y la seguridad de los habitantes, en virtud de que personas y grupo de personas pueden poner en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la salud y la paz».
La medida abarca los departamentos de Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, El Progreso, Petén y Santa Rosa, a lo largo del país, por donde se prevé transite la caravana.
Además «instruye a las fuerzas de seguridad disolver por la fuerza todo tipo de reunión, grupo o manifestación pública que se llevare a cabo sin la debida autorización».
Mientras tanto, el gobierno de México ya adelantó que «no promueve ni permitirá el ingreso irregular de caravanas de personas migrantes, y continuará actuando en apego a su ley migratoria y a los protocolos sanitarios establecidos».
Más de una docena de caravanas han partido de Honduras desde octubre de 2018, pero han chocado con el muro y los despliegues de miles de guardias fronterizos y militares ordenados por el presidente Trump en la frontera sur con México.
Guatemala, México y Honduras firmaron con la administración Trump un acuerdo conocido como «tercer país seguro», en que se comprometen a colaborar con Estados Unidos en la detención de las corrientes migratorias procedentes del sur del continente.