Las cárceles pasaron de ser las universidades del crimen, en los gobiernos del FMLN y de ARENA, a construirse en un sistema penitenciario que se sostiene en los pilares del orden, el control y la disciplina, así han dicho las autoridades de Centros Penales, donde los pandilleros y los reos comunes cumplen estrictas medidas de seguridad desde 2019 bajo el Gobierno de Nayib Bukele.
El Gobierno actual ha asegurado que las prácticas de las administraciones anteriores que les permitieron a las pandillas crecer exponencialmente y controlar las cárceles quedaron en el pasado.
«Las cárceles ya no son los hoteles de las pandillas. Desde que ingresó el Gobierno del presidente Bukele el Estado tiene el control, el orden y la disciplina de los centros penales», aseguró el actual director de Centros Penales, Osiris Luna Meza.
Con la actual administración, en las cárceles salvadoreñas no se registra ningún amotinamiento ni conato de violencia por riñas. Además, se han mejorado las instalaciones y se han tomado medidas de seguridad, como asegurar en 100 % que no haya comunicación de los reos con el exterior por medios tecnológicos.
También, desde 2022, las medidas de seguridad en los penales se endurecieron por orden del presidente Bukele, quien ha asegurado que van a desarticular a las pandillas que por muchos años dañaron a la población salvadoreña honrada.
Beneficios carcelarios
Antonio Saca, durante su Gobierno en 2004, bajo una medida fachada de «disminuir la violencia en las cárceles» segregó a las pandillas. Los penales de Quezaltepeque y Ciudad Barrios fueron asignados para la Mara Salvatrucha y los de Chalatenango y Cojutepeque para el Barrio 18.
En agosto de ese mismo año, el sistema carcelario registró la peor masacre en una cárcel salvadoreña. Se encontraron 32 cadáveres de pandilleros de la 18 y de reos civiles. Dos semanas después ocurrió la segregación de las pandillas, una medida que, según expertos, les permitió expandirse más y que, lo que al parecer evitaría la violencia y las masacres, generó hacinamiento.
Sumado a que las pandillas mantuvieron el control de los penales por completo. Cuando asumió el Gobierno de Mauricio Funes, las maras recibieron más beneficios con la denominada tregua. Esto provocó que los grupos terroristas se fortalecieran aún más.
La tregua, avala por Funes y presentada como una política de Estado, facilitó que las pandillas controlaran totalmente las cárceles del país y las comunidades y establecieran negocios. «Esto permitió un crecimiento exponencial no solo en la cantidad de los integrantes de pandillas, sino de las clicas, canchas y programas [estructuras de maras instaladas en colonias y comunidades]», explicó el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
Por ahora, los pandilleros están bajo un estricto control que no les ha permitido contactarse con el exterior ni recibir visitas familiares ni íntimas. Además, el año pasado se construyó, con estándares internacionales de calidad y seguridad para garantizar la limitación de la comunicación de los privados de libertad, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel más grande y fortificada del continente.
Las cárceles son seguras en El Salvador
En comparación con años anteriores, cuando en los centros penitenciarios de El Salvador se otorgaba beneficios, ahora los reos están sometidos a un estricto control y orden, caso contrario a lo que sucede también en otras cárceles de la región, por ejemplo, en Ecuador y Honduras, donde han protagonizado fugas y masacres.
En junio del año pasado, en la cárcel de mujeres ubicada en la zona de Támara, al norte de Tegucigalpa, reclusas de la pandilla 18 salieron de su módulo e irrumpieron en el que estaban las rivales de la MS. Las atacaron a tiros y prendieron fuego al centro, con un saldo de 46 fallecidas.
En los últimos 20 años se registraron más de 1,000 muertos en las cárceles de Honduras, según el estatal Comisionado de Derechos Humanos. La peor tragedia ocurrió en Comayagua, en el centro del país, donde en un incendio perecieron 362 personas en 2012.
Mientras que, en Ecuador, las matanzas en las cárceles han provocado por lo menos 460 reclusos muertos desde 2021.
A inicios de enero, las autoridades ecuatorianas informaron varios disturbios, fugas de reos y la retención de agentes penitenciarios en al menos cuatro cárceles del país.
Por ejemplo, en el centro de privación de libertad en Machala, en la provincia de El Oro, cerca de 18 agentes penitenciarios fueron retenidos por los reos. Una situación similar se registró en el centro penal de Cotopaxi, donde el personal de la Brigada de Fuerzas Especiales Patria de la Latacunga se desplegó.
Tras estos problemas carcelarios, el pasado 5 de enero, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dio a conocer que planea construir dos cárceles de máxima seguridad tomando como modelo el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), que inauguró el Gobierno Bukele en 2023.