Las plazas fantasmas en el Estado es un mal endémico y muy viejo que debe ser abordado de una forma muy objetiva, dijo este domingo el cardenal Gregorio Rosa Chávez, al ser consultado sobre la investigación que la Fiscalía General de la República ha abierto en contra de la Asamblea Legislativa.
Entre el 16 y 21 de marzo pasado, el ministerio público instaló en la sede del palacio legislativo a 40 fiscales quienes dirigieron los allanamientos en esas instalaciones en busca de documentación y equipo informático que lleve a determinar la existencia de las 1,200 plazas fantasmas según la denuncia que hizo el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL)
«Es un mal endémico, muy viejo ese mal. En el arca abierta el justo peca, dice la biblia. Cuando hay mucha discrecionalidad suceden estas cosas», sostuvo Rosa Chávez.
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El purpurado agregó «por eso es que uno tiene que ser muy objetivo y eso es lo que a veces uno siente que no hay una verdadera objetividad en el esfuerzo que se está realizando. Ojalá que eso cambie porque es bueno que vivamos en un país con verdadera justicia».
Con respecto al tema de las plazas fantasmas, en los últimos días han ocurrido algunos eventos. El pasado viernes 26 de marzo, una considerable cantidad de documentos que podría estar relacionados al caso fueron lanzados en una quebrada cerca a la Asamblea Legislativa, el pasado sábado se intentó obtener una versión de la Fiscalía, pero en la Unidad de Comunicaciones no se atendió la consulta.
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El pasado jueves el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya en su cuenta oficial de Twitter publicó que entregó a la Fiscalía la carta que firmó el presidente de la Asamblea Legislativa Mario Ponce en la que confirmó que se pagó el salario a los 2,400 empleados del congreso, pese a sus declaraciones en las que ha manifestado que hay trabajadores que no siempre llegan a laborar.
Zelaya ha dicho que mensualmente el Ministerio de Hacienda transfiere $3.3 millones para el pago de salarios de los empleados del Órgano Legislativo y que de ser cierto las 1,200 plazas fantasmas, la actual legislativa habría defraudado al Estado con un monto de $75 millones.