Al menos 10 reformas laborales han sido impulsadas por el Gobierno de Catar durante tres años para proteger los derechos de los empleados migrantes. Las autoridades no solo buscan mejorar las condiciones del sector, sino impulsar con estas leyes el crecimiento económico mediante una mayor competencia en el mercado, atracción de inversores y talento.
Actualmente el Gobierno emplea a casi dos millones de personas. El 30 de agosto de 2020 fue aprobada la nueva ley al salario mínimo, una de las más recientes, y la cual entrará en vigor dentro de seis meses después de su publicación oficial.
El Gobierno estableció que el salario mínimo para todos los trabajadores del sector privado y doméstico será de $275 al mes, así como la entrega de $140 más para gastos de alojamiento, a menos que el empleador lo proporcione.
Añadido a esto, las autoridades están trabajando con negocios locales para actualizar sus sistemas de nóminas y asegurar que todos los contratos de empleo estén en línea con la nueva legislación.
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Otra de las nuevas leyes es que los empleados podrán rescindir su contrato al menos un mes de aviso por escrito si han trabajado con el empleador durante dos años o menos, o con dos meses de aviso si han trabajado con el empleador durante más de dos años.
En 2018, Catar estableció una ley para establecer el fondo de seguro y apoyo a los trabajadores, con el objetivo de proteger a los empleados del impacto de los salarios vencidos o impagos en el caso de que el empleador haya cerrado el negocio.
Este mismo año, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) inauguró su primera oficina de proyectos en Catar, a fin de implementar un programa integral de cooperación técnica sobre las condiciones de trabajo y derechos laborales en el país de Medio Oriente.
En cuanto a tecnología, el país mantiene activos diferentes canales para que las personas presenten sus quejas de forma anónima en un sistema en línea disponible las 24 horas del día y los siete días de la semana.
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