Cuatro licitaciones que la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) adjudicó para la ejecución de igual número de proyectos por un monto de $49,237,328 durante la administración del expresidente del FMLN Salvador Sánchez Cerén fueron cuestionadas por la Corte de Cuentas de la República (CCR). La junta directiva que fungió en ese momento, dirigida por David López Villafuerte, todavía no ha logrado desvanecer las observaciones.
El proyecto inicial de El Chaparral, que comenzó con una inversión de $219 millones, terminará costando $759.4 millones, debido a la ampliación del plano de finalización de la obra, según informaron representantes de la CEL a los diputados.
El pasado 17 de diciembre, el presidente de la autónoma, Daniel Álvarez, presentó al Juzgado Noveno de Instrucción supuestas nuevas pruebas en el caso por el que se procesa al expresidente Mauricio Funes. Pero en el caso de los cuatro proyectos, el ente contralor auditó el cumplimiento de los aspectos legales y técnicos en la contratación, ejecución, supervisión y liquidación de los proyectos que se generaron mediante las licitaciones públicas LP09/15, LP18/15, LP22/15 y LP24/15, relacionadas con el proyecto hidroeléctrico El Chaparral en el período del 1.º de enero de 2015 al 30 de junio de 2018.
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De acuerdo con el organismo contralor, varios de los proyectos costaron más de lo que se debió pagar por ellos, ya que la CEL no consideró precios actualizados de mercado; además, otros proyectos se pagaron dos veces, según expusieron los auditores que llevaron a cabo el examen especial. «Comprobamos que se elaboraron y aprobaron bases de licitación, las cuales requerían, al evaluar las ofertas económicas, que el comité ejecutivo para la licitación determinara la razonabilidad del precio, sin previamente haber establecido el mecanismo para hacerlo», expusieron los auditores.
Los montos que la CEL adjudicó para cada una de las licitaciones cuestionadas por la Corte de Cuentas son la LP09/15: Construcción de estructura de casa de máquinas del proyecto hidroeléctrico El Chaparral, por un monto de $9,972,226.97.
Además, se encuentra la LP18/15: Excavaciones a cielo abierto – etapa 1, por un monto de $14,062,626.74. Las otras dos licitaciones son la LP22/15: Suministro y montaje de equipos hidromecánicos de vertedero, obra de toma y tubería forzada, por un precio de $18,498,670, así como la LP24/15: Obra civil y montaje de línea de transmisión a 115 KV, por un monto de $6,703,805. Las cuatro suman $49,237,328.71.
Según consta en el examen especial, en el apartado sobre la falta de fiscalización de la utilización del anticipo por $2,011,141.50 que se le entregó a la empresa contratista del proyecto «Obra civil y montaje de línea de transmisión a 115 KV Central Hidroeléctrica 15 de Septiembre El Chaparral», el administrador del contrato no estableció el mecanismo de control y revisión de dicho anticipo, por lo que se desconoce si fue bien utilizado.
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«El avance programado del contratista de abril a septiembre de 2016 era del 12.22 %, y el avance real fue del 12.04 %; sin embargo, esta situación no justifica la situación observada, que es el hecho que como administrador del contrato no realizó la fiscalización del uso del anticipo entregado al contratista, monto materialmente importante como para que no se hubiese fiscalizado», y por eso la observación se mantiene, se lee en el documento de la auditoría.
Otra de las observaciones que no fueron desvanecidas por la CEL se refiere al proceso de planificación de adquisición y contratación no racional en el gasto público para el proyecto «Construcción de estructura de casa de máquina del proyecto hidroeléctrico El Chaparral» en el que los auditores corroboraron que se pagó la obra con un precio sobrevalorado por $1,569,796.60.
En el estudio se señala que la CEL no cumplió la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap) en el apartado de racionalidad del gasto público, que establece la utilización eficiente de los recursos en las adquisiciones y contrataciones de las obras, bienes y servicios necesarios que corresponden a las administraciones. Además, los cuatro proyectos tuvieron retrasos en su ejecución, ya que la CEL no tenía todos los permisos para desarrollarlos.