La Dirección General de Centros Penales (DGCP), confirmó que a los cinco exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes, quienes desde el pasado 28 de julio fueron enviados a prisión, se les ha garantizado la atención médica.
En su cuenta oficial de Twitter, la institución publicó como prueba manuscritos con fecha 30 de julio, sellados y formados, donde se detalla la entrega de medicamentos a los exfuncionarios.
Esos manuscritos contradicen la denuncia que el pasado miércoles familiares de los exfuncionarios interpusieron en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, donde se quejaron por violaciones a derechos fundamentales de los cinco imputados.
«Como institución respetuosa de los derechos humanos de los privados de libertad, estamos garantizando la atención en salud a los cinco exfuncionarios del FMLN que están guardando detención, mientras se desarrolla su proceso judicial», publicó la DGCP.
El Juzgado Segundo de Paz de San Salvador, ordenó que fueran a prisión por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, que la Fiscalía les atribuye. La exministra de Salud, Violeta Menjívar y la exviceministra de Tecnología, Erlinda Handal Vega, están recluidas en Cárcel de Mujeres, mientras que en el sector nueve de Mariona guardan prisión preventiva.
el exministro de Hacienda, Carlos Enrique Cáceres Chávez; el exministro de Trabajo, Calixto Mejía Hernández y el exviceministro de Agricultura y Ganadería, Hugo Alexander Flores Hidalgo.
«Hemos llevado el debido proceso de los imputados, respetando los derechos humanos y cumpliendo con la dignidad humana que los asiste; así como las garantías fundamentales que por ley les corresponden», destaca Centros Penales.
La DGCP agrega en la publicación que como institución una de sus principales prioridades es el derecho a la salud de los privados de libertad y reitera que «en este caso específico, los imputados fueron chequeados por personal de clínica penitenciaria desde sus ingresos, cumplimiento así con lo que manda la ley».
La Fiscalía General de la República acusa a diez exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes, entre ellos los cinco que guardan prisión, de haber recibido dinero de forma ilegal entre los años 2009-2014.
La Unidad Especializada Contra el Lavado de Activos señala en el expediente que el monto con el cual se enriquecieron ilícitamente es $2,643,000 y que esa actividad fue generadora del delito de lavado de dinero.
Según el ministerio público, los exfuncionarios se apropiaron de fondos públicos con esos cobros mensuales que hacían pese a que como responsables de diversos ministerios tenían su salario mensual.
