Desde el 28 de abril cientos de colombianos han salido a las calles a manifestarse para evidenciar su desacuerdo por un proyecto de reforma tributaria que, según las autoridades, busca frenar principalmente las afectaciones que ha dejado la pandemia de la Covid-19 en Colombia.
El gobierno proponía recaudar el equivalente al 2 % del PIB en una serie de nuevos impuestos para aliviar las presiones de deuda y preservar la calificación crediticia; sin embargo, esta opción estalló en protestas. Hasta ayer, las autoridades registraban más de 26 muertos y 500 personas reportadas como desaparecidas durante las protestas en 10 días.
El presidente Iván Duque y todo su gabinete han intentado desactivar la crisis a través de la escucha de distintos sectores. El embajador de Colombia en El Salvador, César Felipe González Hernández, asegura que su país ha buscado espacios de diálogo porque la violencia «no es un mecanismo de solución».
Usted plantea que hay rechazo de la propuesta en una minoría. ¿Considera que hay otros grupos de oposición que han aprovechado la situación para complicar la crisis?
Ya el fiscal de la nación en Colombia se pronunció ante este hecho porque ya se ha determinado que hay influencia marcada de grupos narcotraficantes, disidencias de las FARC y el ELN, entre otros. Esto conlleva un proceso de investigación, dentro del marco de la ley, jurídica y penal para poder asociar cuáles son las consecuencias de estos actos de los grupos que intervienen para motivar las acciones violentas.
¿Cuáles han sido las principales consecuencias de los actos desencadenados el 28 de abril?
La principal consecuencia de toda circunstancia vandálica es que ha generado un temor en la población y lo que han buscado es debilitar la institucionalidad, pero Colombia es una república, ya bicentenaria, en la cual sus instituciones se han consolidado en el estado de derecho, y por eso el gobierno, para hacer una reacción a los efectos devastadores, como bloqueos de calles, desabastecimientos que han llegado a limitar la seguridad alimentaria y sanitaria, ha planteado su interés en tener un diálogo permanente con todos los sectores y mantener un espacio abierto.
¿Cuál será la decisión del gobierno para frenar la presión de la población colombiana?
La decisión resultará de la mesa de diálogo que se ha abierto para que los mismos sectores se pronuncien. Hasta ahora ya se instaló y se abrió un espacio para escuchar a la ciudadanía y construir soluciones en las cuales no deben de mediar diferencias ideológicas sino nuestro más profundo patriotismo, es el sentido general de lo público que se debe alentar. El gobierno considera vital contar con todas las instituciones, partidos políticos, el sector privado, gobernadores, alcaldes y líderes de la sociedad civil.