José Adán Salazar Umaña, mejor conocido como «Chepe Diablo», Juan Umaña Samayoa, exalcalde de Metapán, en Santa Ana, y tres parientes de ambos, reclamarán los $600,000 que entregaron como fianza cuando la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador les otorgó medidas alternas a la detención, el 29 de noviembre de 2017.
Los cinco fueron absueltos de lavado de dinero el pasado 21 de mayo por la Cámara Segunda de lo Penal, por considerar que no había delito que perseguir y que el proceso penal impulsado por la Fiscalía no era más que una doble persecución.
Los defensores habían interpuesto dos recursos de apelación argumentando la falta de acción (no había delito) y doble juzgamiento; en el análisis realizado, las magistradas les dieron la razón a los abogados de los procesados.
Gerardo Cisneros, quien defiende a Salazar Umaña, confirmó que al revocarse las medidas cautelares de índole patrimonial lo único que por el momento pueden reclamar son las fianzas. En el caso de su defendido, le devolverán $200,000, mientras que Sara Paz Martínez Bojórquez y Susana Nohemy Salazar de Cruz, reclamarán $100,000.
En el caso del exalcalde Juan Umaña Samayoa y Romelia Guerra Argueta, reclamarán $100,000 cada uno. El último en pagar fianza fue el exfuncionario municipal quien desde octubre del año pasado pagó la caución económica que el Tribunal Segundo de Sentencia le impuso para enviarlo a arresto domiciliar mientras duraba el juicio, ya que era el único que estaba en prisión.
Si bien la Cámara revocó las medidas cautelares patrimoniales, los imputados no pueden reclamar todos sus bienes y cuentas bancarias ya que la Fiscalía General de la República impuso medidas cautelares de embargo desde el 4 de abril de 2017, y posteriormente oficializó ante el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio el inicio del proceso con la pretensión de despojarlos de todo, bajo el argumento de que fueron obtenidos de actividades relativas a las drogas, lavado de dinero y evasión de impuestos.
Son más de 100 bienes, incluyendo 57 cuentas bancarias, cinco certificados de depósito a plazo fijo, 21 participaciones accionarias y 16 sociedades, entre las que destacan Agroindustria GUMARSAL S.A de C.V y Hotesa S.A de C.V. que están en poder del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).
Cisneros sostuvo que deben esperar que el expediente de extinción de dominio avance para ellos tomar sus estrategias; de alguna manera la resolución de la Cámara Segunda de lo Penal podría ser vinculante, aunque los procesos de extinción de dominio son autónomos. La respectiva ley señala que la carga probatoria recae en los propietarios de los bienes quienes deben de demostrar que fueron adquiridos de forma lícita.
