El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador finalizó la vista pública contra José Adán Salazar Umaña, mejor conocido «Chepe Diablo», el exalcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa, Romelia Guerra, Sara Paz Martínez y Susana Nohemy Martínez, acusados de lavar de lavar $103 millones y mientras emite el fallo deberán seguir con las medidas alternas a la detención. Los prófugos por este caso habrían blanqueado $29 millones.
El juicio que comenzó el 26 de octubre de 2020, culminó casi tres meses y medio después. Durante la vista pública la Fiscalía utilizó aproximadamente 30 días hábiles para presentar la pericia financiera contable en la que expuso las diversas modalidades que como personas naturales y jurídicas se utilizaron para lavar dinero.
En el cierre del juicio, el Ministerio Público concluyó que los cinco imputados presentes y cuatro prófugos a través de las empresas Agroindustria GUMARSAL S.A de C.V. y Hotesa S.A de C.V., movilizaron en dinero y bienes $508 millones entre los años 2003 y 2015, lo cual es calificado por los fiscales como un incremento patrimonial no justificado.
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El fiscal David Leiva, manifestó que al no haber declarado al Estado esos $508 millones, entre los nueve le causaron un perjuicio económico de $132 millones convirtiéndose en una millonaria evasión de impuestos, que es el delito precedente de lavado de dinero, ilícito por el cual han enfrentado la vista pública.
El representante del Ministerio Público explicó que en la pericia expuesta se ha determinado que entre los cinco acusados presentes supuestamente lavaron $103 millones, mientras que los cuatro prófugos habrían blanqueado $29 millones.
Los imputados prófugos por este caso son: José Adán Salazar Martínez, hijo de «Chepe Diablo»; Wilfredo Guerra, Tránsito Ruth Mira de Guerra y Miriam Haydee Salazar de Umaña; hijo, nuera y esposa del exalcalde de Metapán.
Esta causa penal comenzó el 7 de abril de 2017 en el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador cuando recibió el requerimiento que la Fiscalía presentó por el lavado de dinero.
«Fiscalía considera que ha habido suficiente prueba en todos estos meses. Iniciamos el 26 de octubre, un proceso que supera las 2,600 piezas, ofrecimos más de 100 testigos, peritajes que superaron las 3,000 páginas», sostuvo el fiscal.
La Fiscalía había pedido que a los cinco imputados se les dejara en detención, pero el tribunal no accedió por considerar que es atentatorio y sería como emitir un pronunciamiento anticipado. Los procesados han estado con medidas alternas a la detención, desde que comenzó el largo proceso penal, a excepción del exalcalde de Metapán, quien antes de comenzar la vista pública estaba en prisión, el tribunal accedió a otorgarle arresto domiciliar bajo la condición de un pago de $100,000 en concepto de fianza.
Cuando la Fiscalía comenzó a presentar los alegatos finales, le solicitó a los jueces que les revocara las medidas y los dejara en detención con el fin de garantizar la comparecencia a la lectura del fallo. El ministerio público ha pedido que se les condene por lavado de dinero.
En el juicio los fiscales aseguran que con los análisis financieros contables que los peritos elaboraron ha quedado por establecido que los cinco imputados en su calidad de personas naturales supuestamente lavaron $5.9 millones, mientras que el conglomerada de Gumarsal y Hotesa, habrían blanqueado más de $132 millones.
