El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Óscar Armando Pineda Navas, fue denunciado por una ciudadana ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) por actos contrarios al decoro y por infracciones a los deberes y a las prohibiciones éticas en una colonia de San Salvador.
Este medio tuvo acceso a la copia de la denuncia interpuesta por Margarita González que fue recibida por el TEG el pasado 5 de enero, adjunto con el informe policial en el que se detallan los hechos sucedidos el pasado 12 de diciembre.
La policía recibió la llamada de la denunciante por alteración del orden por parte de los vecinos (Pineda Navas y un acompañante), «quienes tienen la música a todo volumen, impidiéndole poder descansar», se lee en el informe policial. González asegura que las actividades que realiza Pineda son recurrentes y que ya varias ocasiones ha pedido al presidente de la CSJ evitar y respetar el orden público, pero él las ignora.
«El señor presidente, incumplió el deber ético de: “utilizar los bienes, fondos, recursos públicos o servicios contratados únicamente para el cumplimiento de los fines institucionales para los cuales están destinados”, dado que el automóvil, combustible, conductor y seguridad, no le han sido proporcionados para que ande haciendo desórdenes que alteran la paz y tranquilidad en un complejo habitacional poblado, mayoritariamente, por personas de la tercera edad», se lee en la denuncia.
González ahondó que, «cae la transgresión a la prohibición ética de exigir o solicitar a los subordinados que empleen el tiempo ordinario de labores para que realicen actividades que no sean las que se les requiera para el cumplimiento de los fines institucionales.»
Sobre este caso el presidente del TEG, Néstor Castaneda, dijo que dicha denuncia aún no ha sido recibida en el Pleno. «No puedo adelantar criterio porque está reciente y no tengo conocimiento de esa denuncia», dijo.
Mientras que de la CSJ dijeron que “en este momento no es viable brindar un pronunciamiento técnico en una etapa previa a la notificación oficial de la supuesta denuncia. Es decir que hasta esta fecha no se ha recibido documentación alguna que vincule al funcionario con la denuncia que menciona”.